Derecho al pataleo

Esta semana ha concluido con la esperanza de que la pésima situación que vive la economía española es capaz de mejorar algo, al menos en lo que se refiere a la ya famosa prima de riesgo. Gracias al salvavidas que ha lanzado el Banco Central Europeo (BCE), este diferencial con el bono alemán ha bajado más de 140 puntos en cinco días, el mayor descenso semanal en la historia del euro. Falta saber si el Gobierno está dispuesto a agarrarse a él, aunque sería a cambio de unas estrictas condiciones, y desconocemos cuáles. Me parece que todavía quedan demasiadas incógnitas en el aire sobre si habrá rescate y cuándo.

Una de ellas es saber qué pasará con el adelanto de mil millones de euros del Gobierno central que reclamó el pasado martes la Junta de Andalucía. Lo pide con carácter urgente y debido a la falta de liquidez. Las deudas de la Administración autonómica son considerables y prácticamente nadie duda de que tendrá que acudir al rescate mediante el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).
Lo que sí hemos tenido claro es que el paro en agosto creció en nuestra comunidad autónoma en más de 10.000 personas. En Andalucía tenemos la friolera de 1.026.081 desempleados. Esa es la peor cara de esta crisis y la gran batalla que hay que superar. El que los parados que cobran subsidio puedan ser empleados en labores de limpieza y recuperación de los montes quemados parece una decisión más efectista que rentable y operativa. Desarrollar una movilización y una formación para esa labor no es ni fácil ni barata, pero quizá merezca la pena intentarlo.

Desde lo público parece que se toman medidas, aunque pocas. La dirección general de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) ha decidido que su segundo canal de TV emita la misma señal que el primero, con el fin de ahorrar unos 20 millones de euros al año. Se preservarán los puestos de trabajo, aunque no los de productoras que suministran contenidos. Parece sensata la decisión, aunque haya algún programa de gran calidad que no debería desaparecer, como ‘El público lee’, propio de un ente público, una de cuyas finalidades es difundir la cultura, no lo olvidemos.

Su elevado déficit y sus 1.600 empleados parecen excesivos cuando televisiones nacionales funcionan con una tercera parte de trabajadores. Lo malo es que meter el bisturí supondría un drama y contribuiría a incrementar las cifras del paro. Nos queda el derecho al pataleo, la recriminación, hacia quienes han sido y son gestores de lo público sobre su responsabilidad, su buena o mala gestión o el despilfarro que han provocado. ¿Pero vale de algo protestar? Cuidado no nos vayamos a pasar, porque el que ya está al otro lado de la orilla es Sánchez Gordillo, más cerca del levantamiento y la revolución que del cumplimiento de la ley ¿No les parece?

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