Este jueves se celebró la apertura del año judicial en Andalucía. El presidente del TSJA, Lorenzo del Río, fue valiente, claro y rotundo en su discurso. Expresó su preocupación por el estado en que se encuentra la justicia en nuestra comunidad autónoma. Pero, además, se mostró escéptico ante la posibilidad de contención hacia un mayor empeoramiento.
A pesar de que la crisis impone una necesaria austeridad, llama la atención que el máximo representante de este poder en nuestra tierra señale que «muchas medidas que contribuyen a una justicia más ágil y eficaz no requieren de un singular ni desproporcionado esfuerzo económico, sino de un impulso político colectivo y consensuado». Que tomen nota los políticos, encargados de esta gestión, así como de la necesaria y sempiterna reforma estructural que debe remediar el más endémico de los males que padece, la lentitud.
Sin embargo, no parece que estén dispuestos a ponerse de acuerdo en algo imprescindible y que beneficiaría a la ciudadanía. El acuerdo sobre la justicia, como el de la educación, son asignaturas pendientes y, lo que es peor, se convierten en arma arrojadiza entre unos y otros.
La falta de medios y recursos en tiempos de crisis puede entenderse como fáciles excusas. No hacer nada es una opción, pero lo cierto es que se ha producido un incremento exponencial del número de procedimientos que deben resolver los órganos judiciales, un 150 por 100 más en los últimos diez años, cuando –a juicio de Lorenzo del Río– «el número de jueces no ha aumentado significativamente ni en proporción y, lo que es peor, la organización administrativa y funcional sigue igual». Se trata, sin duda, de una situación sobre la que merece la pena reflexionar y actuar a quien corresponda como acción prioritaria. Permanecer pasivo quizá solo conduzca a la melancolía y a que se ahonde en la falta de confianza ante esta fundamental institución, mientras que dedicarse a maniobras de distracción para aparentar que se hace algo es puro engaño.
Estamos ante una judicialización desbordada en nuestra vida social, lo cual hace necesario que los jueces trabajen con serenidad y sosiego, que hagan gala de su independencia, uno de los grandes pilares de un Estado de Derecho. Del Río mencionó en su discurso el populismo y el fiscal superior, Jesús García Calderón, se refirió con gran acierto al grave peligro de la demagogia. Creo que en estos tiempos de tantas crisis, no solo la económica sino también política, institucional, social, de valores, ética… el populismo y la demagogia son dos conceptos que pueden tomar carta de naturaleza entre la ciudadanía. Quizá merezca que los comentemos en próxima ocasión. ¿No les parece?