Esta semana hemos contemplado algo bastante inusual en nuestro país, que alguien dimita. La primera renuncia fue la de Tomás Gómez a su escaño como senador. El líder de los socialistas madrileños mostraba así el desacuerdo con su propio partido y especialmente con Alfredo Pérez Rubalcaba, por haber aceptado el nombramiento de un magistrado como nuevo miembro del Consejo General del Poder Judicial, en el acuerdo pactado con el Partido Popular. Ha sido un gesto sin mayores consecuencias, que evidencia el desorden que padece la cúpula de los socialistas. Pero sí quiero llamar la atención en que los dos partidos mayoritarios no tienen escrúpulos en colocar a miembros de sus formaciones sin más méritos o valores que la adscripción política, o incluso la pertenencia familiar, cuando la estética debería primar -ante la desconfianza que tienen los ciudadanos en lo que es un mero reparto de puestos- en el órgano de gobierno de los jueces.
La segunda dimisión ha sido la de Francisco Fernández Sevilla, secretario general de la Unión General de Trabajadores de Andalucía, a raíz de las informaciones publicadas, en las que se pone de manifiesto una serie de prácticas irregulares con fondos públicos. No vale decir que todo esto procede de una venganza por parte de exempleados despedidos de la organización, que es una campaña orquestada o una causa general contra la central sindical. No parece que hayan sido circunstancias, hechos excepcionales o singulares, sino una práctica habitual y hasta casi reglamentada.
La dimisión supone asumir responsabilidades, con independencia de las administrativas o judiciales. Se intenta poner freno y no perjudicar a todo un sindicato, muy vinculado a un partido, precisamente en el gobierno de la Junta de Andalucía. La nueva presidenta ha sido clara y rotunda en sus mensajes de lucha contra la corrupción, hasta el punto de reclamar a Mariano Rajoy un pacto de Estado. Ahora tiene Susana Díaz una magnífica oportunidad de demostrar con hechos y transparencia el uso de dinero público, más de seis millones de euros destinados a UGT-A, con los que se han podido sufragar gastos irregulares.
Parece que las dimisiones son escasas y muchos los que tienen apego a cargos en los que hay ser modelo de ejemplaridad. ¿No les parece?