Más coincidencias entre Díaz y Moreno

Al ver este pasado lunes imágenes del primer encuentro entre Susana Díaz y Juan Manuel Moreno, recuerdo haber escuchado muy recientemente a ambos decir lo mismo en preguntas referidas a los ERE, que la Justicia debería ser más rápida. Me parece estupendo.

El caso que afecta a anteriores cúpulas de la Administración socialista andaluza es investigado por la juez Mercedes Alaya desde hace más de tres años. Esta semana ha tenido un punto de inflexión muy importante, al haber impuesto una fianza de 29 millones de euros a Magdalena Álvarez, actual vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y exministra socialista, aunque esta decisión judicial tiene que ver con su etapa como consejera de Hacienda en esta comunidad autónoma.
Otro caso de presuntas corrupciones, el que gira alrededor de Luis Bárcenas, ex tesorero del Partido Popular, algunas de cuyas ramificaciones han llegado a Andalucía, lleva más de cinco años de instrucción.

Parece que las investigaciones judiciales sobre estos dos escándalos están a punto de concluirse. Falta hace ya. Los juicios deben celebrarse con todas las garantías, dilucidarse responsabilidades y los culpables ser castigados.

La sombra de la corrupción pesa como una losa sobre la actividad política y resta credibilidad a nuestro sistema democrático. Según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la corrupción se consolida como segundo problema para los españoles, precisamente desde que en 2013 estalló el caso Bárcenas. Aunque no debemos extender una criminalización generalizada al respecto, tampoco parece que estemos ante procederes únicos, singulares o aislados.

Los políticos se manifiestan rotundos contra la corrupción. Desde el Ejecutivo de España y desde la Junta de Andalucía se han puesto en marcha sendas leyes de transparencia. La presidenta andaluza quiere que hasta los cónyuges de los miembros de su Consejo de Gobierno muestren sus declaraciones de renta. Perfecto, el ejemplo empieza por uno mismo. En el Congreso de Diputados, a instancias del Gobierno de la nación, se tramita una nueva ley sobre altos cargos en la que se requiere una idoneidad específica y contempla la inhabilitación para quienes mientan o falseen su currículum.
Resulta obligado que desde los partidos se luche contra esta lacra que tanto nos perjudica, pero también sería imprescindible que para no quejarse de la lentitud de la Justicia, sean quienes ejercen el poder los que doten de medios suficientes, permitan una plena independencia y se llegue a una separación real de los poderes del Estado. Evitaríamos pensar que son los políticos los que prefieren interferir en la Justicia, y que sea lenta por si les toca a ellos sentarse en el banquillo o peor, ir a la cárcel. ¿No les parece?

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