Este lunes nos costaba creer que en el marco de una investigación judicial y policial fueran detenidas un total de 51 personas. Nuestra capacidad de sorpresa, después de la familia Pujol y el uso de las tarjetas negras de Caja Madrid, se ha visto superada con el desmantelamiento de la denominada Operación Púnica, por la que Francisco Granados, número dos de la Comunidad de Madrid y de Esperanza Aguirre, ingresaba en prisión anteayer, viernes, y en la que están presuntamente inculpados un presidente de Diputación, alcaldes del PP y del PSOE, empresarios y funcionarios. Se les acusa de enriquecerse al formar parte de una trama que amañaba concursos públicos.
La misma tarde del lunes se tomaban desde las cúpulas de estos dos partidos mayoritarios las primeras medidas para suspenderlos de militancia o que dimitieran, y se escuchaba a la citada Esperanza Aguirre pronunciar la palabra perdón. Luego también salió de la boca de Mariano Rajoy. Se justificó con algo inapelable: «Todos nos podemos equivocar», pero afinó en lo que dijo sobre la corrupción unos días antes cuando se refirió, sin mencionarla, a «unas pocas cosas». Admitió que en España hay corrupción, pero negó que hubiera impunidad. Discrepo con el presidente del Gobierno y del Partido Popular. En esta España nuestra estamos así porque ha habido mucha impunidad, demasiada. Los corruptos y corruptelas han campado a sus anchas porque no se ha querido ser beligerante desde los propios partidos. Hasta su misma financiación interna se cuestionó hace tiempo y seguimos igual. Todavía nos acordamos de Filesa y ahora tenemos a un secretario general imputado por pagos desde una supuesta caja b del partido.
Este miércoles, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, llegaba a Madrid y decía con contundencia que los ciudadanos ya no creen en la palabra de los políticos, que no basta pedir perdón y de nada vale hablar de pactos. «Es tarde, hacen faltan hechos», dijo. No le falta razón. Lo sabe con el caso de los ERE. Acierta con la difusión de la documentación que ha pedido la juez Alaya y preservar las competencias que considere son de su administración. Dejemos que la Justicia haga su trabajo, porque sí creo que los casos que están judicializados no quedarán impunes.
Pero resulta curioso que este viernes tras el consejo de ministros se anuncie que se toman medidas para luchar contra la corrupción, con eso de que habrá más jueces. Es falso, seguirán siendo los mismos, cuando España tiene una ratio que es la mitad de la media europea. Lamentable que encima se intente engañar a la ciudadanía. Quizá algunos dilapiden su credibilidad y luego se quejen de perder votos. ¿No les parece?