No se podía imaginar Mariano Rajoy que este miércoles, víspera de su comparecencia en el Congreso para explicar medidas contra la corrupción, el juez Pablo Ruz concluyera que la ministra Ana Mato se habría beneficiado o disfrutado de regalos o pagos procedentes de la trama del denominado ‘caso Gürtel’. La responsabilidad a título lucrativo de la ministra de Sanidad no tenía otra salida que la dimisión en los tiempos que corren. Su gran error fue no haberlo hecho cuando se supo la imputación de su exmarido.
Fue entonces cuando Rajoy perdió una oportunidad de demostrar de manera contundente que se ponía al frente de la lucha contra la corrupción, si hubiera cesado a Mato. Con actuaciones ejemplarizantes se consigue convencer y llegar a la ciudadanía, pero es difícil mantener el discurso cuando sobre el propio partido que sustenta al Gobierno pesa la misma acusación, con la presumible existencia de una ‘caja b’ destinada a pagos de sobresueldos y beneficiar a la misma formación. Rajoy insistió en que la corrupción no está generalizada en nuestro país. Cierto, pero son demasiados los casos. También comparto que el sistema no es corrupto. Otra cosa es que en el nuestro los partidos hayan ocupado o colonizado demasiados espacios, especialmente de otros poderes y órganos de control, como la Justicia o el Tribunal de Cuentas.
El fantasma de la corrupción no se irá solo y para que no vuelva hay que promover más controles, que empiecen en los propios partidos desde el mismo momento de la afiliación. A nadie se le obliga a militar en una formación o dedicarse a la política. El que lo haga debería ser absolutamente transparente en sus ingresos y patrimonio. No pretendo desalentar a quienes tengan la vocación de servir a la comunidad en función de una ideología, ni que los partidos desaparezcan. Son el instrumento, cauce necesario de representación y participación en democracia, pero sustentados en una financiación transparente. Rajoy cerraba esta semana con su visita a Cataluña. Quizá llegue tarde. Los que han podido ser engañados con las tesis independentistas que solucionan todo y el «España nos roba», tenían que haber recibido desde hace tiempo mensajes y argumentos para convencer y vencer de que es mejor para Cataluña ser España.
Ahora ya tenemos un serio problema, en el que quizá Andalucía deba jugar un papel fundamental. Precisamente en esta comunidad continúan apareciendo mas datos sobre corrupción. La jueza Mercedes Alaya acusa a políticos del PSOE e IU de haber reclamado y cobrado sobornos de una empresa, que eran destinados a la financiación ilegal de las dos citadas formaciones. Que concluya la Justicia y que paguen los responsables. Y sobre los presuntos abusos sexuales a menores en Granada, primer pronunciamiento –es de reconocer la celeridad judicial en actuar– con la imputación para los tres sacerdotes, uno de ellos en libertad con el pago de fianza, y el seglar. Hay que esperar a que dictamine el juez si procede celebrar juicio o no. Lo que sí sabemos –y no me refiero a los denunciantes– es que ahora muchos han puesto de manifiesto lo peor de sí mismos para ejercer de acusadores o defensores, me da igual. ¿No les parece?