De rectora a sindicalista, nueva política

Lo afirmado este jueves por Albert Rivera en el Instituto Atlántico presidido por José María Aznar –«El futuro pasa por nuevas políticas y nuevos políticos»– ha tenido cierta plasmación en Andalucía. Susana Díaz, presidenta de la Junta, ha pasado a la ofensiva después del batacazo que sufrió frente a Pedro Sánchez, con un paso atrás y dos hacia adelante. Fracasó con su propuesta del comunista Diego Valderas para comisario de la Memoria Histórica. La carga de profundidad contra Izquierda Unida intentaba sembrar la discordia en esa coalición y en Podemos, pero era demasiado evidente. La recomposición de Díaz se ha iniciado con dos medidas de marcado carácter social. La primera, el pago de la matrícula en las universidades públicas andaluzas a aquellos alumnos que hayan aprobado el curso anterior. La segunda, la puesta en marcha de la renta mínima de inserción, que curiosamente fue objeto de una iniciativa en la anterior legislatura por parte del PP.
Es una nueva política y para ejercerla ha colocado a nuevos políticos. La importante remodelación de su gobierno ha apartado a aquellos consejeros que han sufrido mayor desgaste y rechazo ciudadano, como los Salud o Educación, mientras su núcleo duro aumenta, con el riesgo de que también crezca su autocomplacencia. La renovación es evidente: pasar de una rectora a una sindicalista para afrontar el permanente reto de la enseñanza supone un vuelco espectacular. Son muestras del impulso que quiere Díaz en su gestión. Puede acertar si dispone de recursos económicos para ello y si esas políticas sirven de referencia a otras comunidades autónomas. Sería entonces el mejor síntoma de éxito.
El que también se reinventa es el renacido Pedro Sánchez, una semana a la vista del congreso federal socialista. Su triunfo y los guiños hacia el votante de Podemos hacen que mejoren sus expectativas y haya decidido sensatamente abstenerse en la inútil e injustificada moción de censura de este martes promovida por Pablo Iglesias y, especialmente, cuando el PP sigue atenazado por los casos de corrupción, como lo demuestra el aumento de la preocupación de los españoles ante esta lacra, según la última encuesta del CIS conocida este martes.
Precisamente, esa noche nos acostamos con un Banco Popular vivo y a la mañana siguiente nos desayunamos con una entidad integrada en el Santander. Los accionistas y bonistas del Popular, unos 300.000, han perdido todo su dinero. No creo que ninguno de ellos se sienta cómodo con una gestión o unos organismos de control que han fracasado. Me gustaría saber dónde y de qué manera acabará el reajuste del sistema bancario.
Lo que sigue el mismo camino es el desafío catalán, iniciado de palabra. Contra él sólo cabe aplicar la legalidad, como ha hecho el Tribunal Constitucional con su impecable sentencia contra la amnistía fiscal de Montoro, que reafirma el sano funcionamiento de los jueces como órgano independiente.
Y sobre el TSJA y la capitalidad de la Justicia en Granada ganamos tiempo, después de los pronunciamientos del ministro Catalá y del presidente del Consejo del Poder Judicial, Carlos Lesmes. Esperemos que no se trate de una maniobra para acallar voces y darnos la sorpresa en el momento menos esperado.
¿No les parece?

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