Andalucía y la Constitución

Acabamos una semana festiva con la celebración de dos fechas singularmente conmemorativas. El lunes se cumplían cuarenta años del 4 de diciembre de 1977, que sirvió para que Andalucía comenzara a reivindicar su papel frente a agravios y desequilibrios regionales tras la llegada de la democracia. Los andaluces salieron a la calle en aquella fecha para no ser postergados en sus derechos, los mismos que otros españoles. Desgraciadamente la jornada se saldó con el asesinato del joven malagueño García Caparrós pero a partir de ahí, y dentro del marco constitucional, los dirigentes políticos andaluces supieron alcanzar el máximo grado de autogobierno dentro del Estado de las Autonomías que comenzó a construirse en España.
La segunda fecha conmemorativa ha sido precisamente el trigésimo noveno aniversario del referéndum de aprobación de la Carta Magna. Por estas fechas siempre se abre el debate sobre su reforma, pero ahora es más intenso que nunca. No conviene afrontar con premura cambios hasta que no nos encontremos en una situación de estabilidad política e institucional. La crisis provocada por los independentistas catalanes, frenada en su deriva desde la propia Constitución, no puede servir de excusa para encajar el secesionismo o como medida de presión para imponer ventajas o privilegios de unos pocos. No descarto que introducir cambios en su redacción permita encauzar o solucionar algunos de los problemas que padecemos. Ojalá que resulte positivo el trabajo de la comisión creada en el Congreso de Diputados con el fin de evaluar los logros y disfunciones del sistema autonómico, que empezará a trabajar el mes próximo, pero me temo que no hay el suficiente consenso ni las ganas necesarias para encarar con responsabilidad esa tarea. Lo veremos en uno de los grandes caballos de batalla, la financiación de las comunidades. El reciente acuerdo entre el Gobierno de Rajoy y el vasco del PNV ha levantado ronchas incluso entre dirigentes autonómicos del PP. Y eso que el concierto goza de amparo constitucional.
El modelo vigente, puesto en marcha por Rodríguez Zapatero, no parece satisfacer a casi nadie, especialmente cuando los gastos en materia de atención sanitaria y educativa son imprescindibles y se llevan la parte del león. El reparto económico no puede servir para tapar bocas. Deberían encontrarse criterios justos y equitativos sobre la base de la igualdad y solidaridad.
Conviene recordar que si las aspiraciones que arrancaron el 4D en Andalucía encontraron luego perfecto acomodo en la Constitución, ahora no podemos dejar que se destruya aquel espíritu del 78 por quienes consideran que el franquismo todavía existe. ¿No les parece?

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