Me faltan calificativos para condenar el asesinato de un hombre en Zaragoza por llevar unos tirantes con los colores de la bandera española. Descanse en paz. El presunto culpable es un reincidente que hace algo más de diez años fue condenado por dejar tetrapléjico a un policía durante un desalojo okupa. Da igual que la víctima fuera simpatizante de un partido u otro. Es irrelevante cuando fue atacado por la espalda y golpeado en la cabeza con una barra de hierro.

La jueza que instruye el caso señala que el crimen se produjo por motivos ideológicos. Sospecho que si la víctima hubiera sido de la misma tendencia del acusado, el tema se habría desbordado e incluso no descarto que si esos hechos hubieran ocurrido en Cataluña, tendríamos el primer mártir de los independentistas. Lamentable el grado de odio que estamos viviendo en sectores de nuestra sociedad. Tras la celebración del infame referéndum separatista del 1 de octubre nadie podía pensar que dos meses después Puigdemont estuviera huido en Bruselas, Junqueras en la cárcel, la aplicación del artículo 155 de la Constitución ha restaurado la legalidad en Cataluña sin el menor problema y, según los sondeos, las fuerzas independentistas no tienen claro que mantengan la mayoría absoluta, lo que en cualquier caso no les da el respaldo para imponer sus tesis. Hay que esperar el escrutinio de estos comicios especialmente singulares, en los que si se registra una muy alta participación pueden producirse sorpresas. La campaña ha revelado la coherencia y firmeza de algunos discursos, como el de Ciudadanos; la falta de un espacio propio en el PP, con un líder sin gran recorrido; las miserias, insultos y mentiras de los independentistas con su doble cara; la inconsistencia de los socialistas catalanes, con desbarre incluido como lo de conceder indultos; la indefinición de Podemos o la persistente unilateralidad sin sentido de la CUP.

Fuera de Cataluña, el foco político se ha puesto esta semana en el inicio del juicio sobre los falsos ERE en Andalucía. Después de siete años se sientan en el banquillo 22 altos cargos de la Junta, incluidos dos ex presidentes y media docena de ex consejeros. Se busca la responsabilidad penal en un grandioso fraude a la hora de subvencionar a empresas supuestamente en dificultades y facilitar la salida de sus empleados, algunos incluidos de manera ficticia. Es verdad que a la mayoría de ellos no se les acusa de un beneficio o lucro personal con esos fondos, pero la falta de control o la construcción de un sistema que lo permitiera será la clave en la sentencia, aunque ya desde el punto de vista político hayan pagado con el abandono de sus cargos. A pesar de toda su legitimidad, los 35 años de gobiernos socialistas en Andalucía han dejado prácticas, llámense clientelares o como se quiera, que no han sido el mejor ejemplo de hacer política. En eso los ciudadanos tienen siempre un último dictamen con su voto, pero ahora hay que dejar que la Justicia diga si se ha cumplido o no con la ley. ¿No les parece?