ESPETOS Y LEGALIDAD PUEDEN IR DE LA MANO

Es conocido el litigio que se viene produciendo durante años entre el Ministerio de Medio Ambiente y los empresarios dedicados a la explotación de los chiringuitos, negocios que constituyen un pilar fundamental, casi inherente, en el paisaje y la actividad económica de nuestras costas.

Las concesiones administrativas están bloqueadas desde hace años y esperamos que la transferencia de las competencias en materia de costas a la Junta de Andalucía, iniciada el 1 de abril de 2011, suponga el inicio una andadura acabe con la incertidumbre de los cientos de familias de nuestra provincia que viven de un negocio tan saludable como  generador de riqueza.

El cambio competencial no implica una reforma normativa, si bien estamos seguros de que la proximidad de la Administración la hará más sensible con los problemas y discriminaciones que se vienen produciendo.

De tal modo, no debemos olvidar la prohibición de asar espetos en nuestras playas, mientras las provincias vecinas no tienen impedimentos para llevar a cabo una de las actividades más atractivas de los negocios que, a pie de playa, significan para los turistas la parada y fonda para continuar con el disfrute de su descanso.

Pese a que la transferencia de las competencias en la materia ya es efectiva a favor de la Junta de Andalucía, el Ministerio de Medio Ambiente sigue manteniendo ciertas potestades, por lo que es necesario que la administración andaluza sea sensible con la problemática que lleva años imponiendo la incertidumbre donde debería existir seguridad jurídica.

Contamos con la voluntad de todas las fuerzas políticas para poner fin a la situación existente, tan solo es necesario que esa voluntad pase a convertirse en hechos que provoquen que la legalidad, los espetos y chiringuitos vayan, en adelante, de la mano para garantizar la citada seguridad jurídica a favor de unos negocios generadores de una enorme riqueza en nuestra economía.

Se antoja complicado imaginarse un paseo por nuestras costas sin poder disfrutar de estos establecimientos, siempre dentro del cumplimiento de la legalidad, el respeto a los criterios ambientales y a la garantía del uso público de las playas, pero sin olvidar un principio fundamental como es el de la igualdad de todos ante la ley.

Se inicia por tanto una nueva etapa en la que reivindicaremos la igualdad de oportunidades a favor de los empresarios granadinos, así como el cese de la incertidumbre respecto a la concesión de licencias administrativas que llevan años paralizando uno de los motores del desarrollo económico de la comarca más rica de nuestra provincia y que está llamada a ser uno de los puntales fundamentales en la economía de Granada.

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