«La Ciudad Comprometida»
Con esta frase elocuente quiero poner sobre la mesa un debate históricamente sin resolver: ¿Hasta dónde llegan las competencias autonómicas y donde empiezan las municipales? ¿Actúan los gobiernos autonómicos con equidad frente a los municipios en la administración de dichas competencias? ¿Están los gobiernos municipales capacitados para asumir ciertas competencias?
Y es tan necesario que las administraciones lo diriman con urgencia y con responsabilidad, ya que la crisis actual también tiene que ver con la ineficiencia de nuestro sistema de toma de decisiones, que en el campo de la planificación urbanística alcanza seguramente las más altas cotas de ineficacia administrativa, ya que además de las cuestiones estrictamente urbanas confluyen otras de carácter ambiental, patrimonial, social, económicas, o relacionadas con infraestructuras cuya ejecución corresponde a diferentes instancias de la administración.
Por eso, como os decía, la formulación y tramitación de cada uno de los instrumentos de planificación urbanística, prácticamente sin excepción, constituye el mejor de los ejemplos sobre la inoperancia del sistema administrativo actual que alarga exageradamente los procesos, de modo que unos trámites que no debieran ocupar más allá de dos o tres años suelen alargarse casi sin excepción del orden de 10 años cuando afectan a ciudades de cierto tamaño, y solo algo menos para las más pequeñas…
Por tanto, estamos hablando de un esfuerzo administrativo y económico exagerados que tienen que asumir los ayuntamientos en el diseño y en la tramitación de los planes y proyectos, pero también las administraciones autonómicas y las sectoriales que se ven abocadas a destinar porcentajes importantísimos de su personal al seguimiento de tales expedientes… ¿Y para qué? Pues para alargar y alargar los procesos sin que tengamos la menor garantía de que las decisiones que finalmente se adoptarán serán las más idóneas.
Lo absurdo y kafquiano de nuestro sistema de toma de decisiones se traduce en que la sociedad actual solo sabe aprobar cosas de manera extemporánea, frenando o ralentizando hasta hacer inviables o mucho más costosas tantas y tantas actuaciones necesarias por ser generadoras de desarrollo social y económico.
Después de más de 25 años de actividad profesional diversa tanto en temáticas como en localizaciones, solo me cabe sugerir/recordar desde este humilde (y comprometido!) foro:
-que las administraciones tienen que respetarse y ser leales entre sí, porque en definitiva todas ellas están al servicio de los ciudadanos… porque lamentablemente lo frecuente es que ocurra justo lo contrario. Para ello deberían institucionalizarse mecanismos ágiles y eficientes de coordinación.
– que las de mayor rango, esto es: la estatal, las autonómicas y las sectoriales, deben respetar y tratar con responsabilidad a los ayuntamientos municipales, estableciendo mecanismos de concertación y de diálogo que simplifiquen los trámites y que permitan avanzar en la búsqueda de soluciones compartidas y nunca impuestas, que es en definitiva lo que necesita la sociedad.
– que dicho espíritu de colaboración debe entenderse de la misma manera desde lo local hacia arriba, evitando esas actitudes demagógicas lamentablemente tan frecuentes que no hacen sino bloquear actuaciones de interés general que trascienden de los localismos.
– que por parte de todos los niveles de la administración, pero sobre todo en la autonómica, se delimite claramente la distribución interna de competencias, evitando la superposición actual de responsabilidades o la pugna interna por intervenir en numerosas cuestiones.
– que al mismo tiempo se haga el máximo esfuerzo por delimitar las respectivas responsabilidades de cada administración, en la esperanza de que cada vez más los ciudadanos sabremos exigir responsabilidades a nuestros representantes por su gestión.
– que se revisen profundamente los procedimientos de formulación y aprobación de planes y proyectos de modo que municipios, autonomías y, cuando proceda, gobierno central, dispongan de un órgano único de interlocución que garantice la coordinación interna pero que al mismo tiempo aporte de dicha administración. Por deberían extenderse los modelos de «ventanillas únicas» o «comisiones interdepartamentales».
– que las administraciones sectoriales o temáticas deben responsabilizarse en desarrollar sus normas, bien a través de reglamentos legislativos, bien mediante criterios técnicos trasparentes y precisos, de modo que tanto los municipios como los ciudadanos sepan de antemano a qué atenerse al respecto, lo cual constituye además una saludable y democrática práctica que garantiza el rigor y la trasparencia en la toma de decisiones y la eficacia de los procedimientos.
– y, cómo no, que avancemos en la lucha contra el sectarismo político que hace que sean los colores y no los argumentos, las necesidades o las razones los que hagan de las diferentes iniciativas que sean buenas, viables o prioritarias… o justamente lo contrario. Porque ni es eso lo que la sociedad demanda, y mucho menos en una situación perversa, critica y angustiosa como la que ahora vivimos, en la que necesitamos del máximo concurso social, del máximo apoyo colectivo y de la máxima cohesión y consenso político para elegir, para decidir como deberemos intervenir en nuestros barrios, ciudades y territorios.
Pues bien, como es decía, esta frase que he elegido como título ha sido extraída de una reciente entrevista al arquitecto andaluz Juan Miguel Hernández León, (Enlace), catedrático y especialista en temas patrimoniales, con motivo de una absurda polémica generada entre el gobierno regional de Madrid y el ayuntamiento de la capital, que les impide ponerse de acuerdo y decidir juntos lo mejor. Pero situaciones de abuso, de prepotencia, de superioridad o de irresponsabilidad desde todos los niveles y entre todos los colores podríamos citar… ¡Uf! ¡Cuantas podríamos citar!
Juan Carlos García de los Reyes, Director de GRarquitectos
Quizás todo sería más fácil si se realizase una buena organización del trabajo, en la que los cometidos de cada uno de los organismos y administraciones quedasen perfectamente delimitados y concretados.
Magnificas reflexiones sobre el problema en la tramitación de las figuras de planeamiento, metiendo el dedo en la llaga y sobre todo proponiendo posibles soluciones.
Pero me temo que los cambios no se producirán, por lo menos tan rápido como la sociedad demanda, y que ninguna administración ni organismo sectorial querrá perder ni un ápice del poder de decisión que tienen en la actualidad.
Aunque espero que sigamos luchando y poniendo de manifiesto todas las deficiencias de nuestras administraciones.
Respeto, responsabilidad, esfuerzo, coordinación y colaboración son términos que todo trabajo bien hecho debería llevar ímplícito. Sin embargo hoy día, como bien se plantea en el artículo, el tema del descontrol entre las distintas administraciones y sus competencias dificulta que todo esto se pueda aplicar, desgraciadamente muchas veces se debe a los intereses políticos.
El artículo es muy interesante y además hace unas reflexiones, a mi juicio, muy acertadas de la situción actual. Lo importante sería una cooperación y organización adecuada entre todas las administraciones, con el proposito de solucionar los problemas.
Por supuesto que se debe organizar mejor qué competencias asume cada administración, sin pisarse y asumiendo cada una lo que corresponda, pero pienso también que hay cosas que son tan básicas que deberían salirse del discurso político. Pienso que sobre todo en los municipios, que es lo que conozco, hay decisiones que no deberían depender del color político del ayuntamiento, otras por supuesto que sí, pero el abc del quehacer diario se debería separar del resto.
Unas reflexiones realmente interesantes las que se plantean. Si se tuvieran en cuenta se conseguiría una buena coordinación entre administraciones, y de esta manera se mejoraría la calidad y la rapidez de los distintos trámites y servicios que ofrecen. No deben olvidar que ese es su objetivo y su razón de ser.
En los últimos años he tenido la oportunidad de seguir esta cuestión desde los tres ángulos posibles: desde la administración pública de la Junta (informando planeamiento urbanístico en Medio Ambiente), desde la perspectiva de los ayuntamientos (colaborando estrechamente con ellos desde las OTAUs) y desde el prisma de la iniciativa privada (participando con distintas empresas dedicadas al urbanismo). Y la conclusión a la que llego, hoy por hoy, a toro pasado como se dice por aquí, es que gracias a ese freno que han ejercido las administraciones la «crisis del ladrillo» no ha ido a más. No digo que en el ánimo de éstas estuviera el contener el boom inmobiliario de manera racional y coherente, sino más bien es fruto de su inoperancia, pero sin duda creo que es algo que en cierta manera nos ha venido bien. ¿Os imagináis que sería de lugares como la costa granadina, si hubiera 100 o 200 Algarrobicos parados por la crisis? (al respecto recomiendo el artículo que aparece hoy en el Ideal de Granada: «Los ayuntamientos de la Costa llevan hasta tres años sin dar licencias para grandes promociones»). Ahora bien, debemos corregir que ese frenazo que ha supuesto la administración al planeamiento no sea fruto de su inoperancia, sino de una práctica bien racionalida, basada en el sentido común y una visión prospectiva del sector en particular y la economía en general. Y para esto creo que es fundamental que la administración encargada de velar por la buena praxis de la profesión sea la autonómica y no la local, pues los fenómenos de clientelismo, tanto político como económico, son más difíles de abordar a escala municipal que autonómica, por las razones que a todos nos viene a la cabeza. Dicho esto, es evidente que hay que reformar los procedimientos administrativos, el sistema de contrapesos establecido entre las tres partes nombradas, y sobre todo la mentalidad de quienes desde una u otra ventana se asoman a este mundo del urbanismo, comprometiéndose con unas ciudades de futuro más habitables y menos interesadas en el rendimiento inmediato.
Como en tantos otros casos, bastaría con que nuestras administraciones cumplieran la legislación existente para que nos fuera por lo menos un poco mejor, aunque el problema sea más profundo. Desde nuestra Constitución hasta la norma mas básica hacen referencia a la obligación de las administraciones a coordinarse por el bien común. Por ejemplo, la Constitución establece que «la Administración Pública sirve con objetividad a los intereses generales, y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación». O la ley 30/92, aplicable en los procedimientos administrativos en general (como es la tramitación de un plan)en defecto de regulación en sus propias normas: «…se rigen por el principio de cooperación y colaboración, y en su actuación por los criterios de eficiencia y servicio a los ciudadanos». La LOUA se pronuncia en esta línea y así podríamos seguir. ¿De qué sirve tanto legislar si después ni los principios mas básicos que debe de respetar todo lo demás no se cumplen?
El artículo es muy interesante y te lleva a reflexionar sobre la situación actual. Todo sería más fácil si el trabajo estuviera mejor organizado y hubiera una mayor cooperación entre las administraciones. Pero como bien plantea el artículo, desgraciadamente hay demasiado descontrol sobre todo debido a los intereses políticos.
Hay que tener en cuenta que cuando a través de los mecanismos constitucionales se diseña un sistema de distribución de competencias, éstas no son más que una responsabilidad, que, además es irrenunciable. El urbanismo es competencia fundamentalmente municipal, (aunque también del resto de las administraciones), pues bien, es curioso cómo los ayuntamientos nunca tienen tiempo de organizarse los unos con los otros para poder ejercer responsablemente esa competencia; porque claro, en la mayoría de los casos, eso iría supondría posicionarse en contra de algún órgano, institución o administración que deba intervenir (sectores como Medio Ambiente, Cultura, Carreteras, Diputaciones, Comunidades Autónomas) que pueden ser del propio partido (impensable pedirles objetiva y públicamente responsabilidad y/o colaboración; o del partido adversario (impensable aliarse con los ayuntamientos vecinos de otro signo político). Por no recordar lo bien que se ha funcionado bajo los postulados de reinos de Taifa mientras el urbanismo, más que una competencia-recordemos irrenunciable- era una rentable fuente de financiación…Y mientras, a seguir haciendo creer que esto del urbanismo es algo complicado…La complicación está en que el sentido común sea común entre los gobernantes.
Al hablar de falta de eficacia en la Administración vengo a distinguir tres motivos fundamentalmente:
1. Cuando ésta se debe a su personal, que en un alarde de celo conservador y autoproteccionista prefiere no mojarse, caso de Medio Ambiente Jaén, donde su extrema cautela les ha llevado a aprobar del 2000 para acá (en 11 años) la escalofriante cifra de tan sólo 8 PGOUs.
2. Cuando se debe a la injerencia política, por la que en apenas 24 horas, las que transcurren de un día a otro de unas elecciones, una obra de millones de €, como es la del metro de Jaén, pasa a ser supérflua, despilfarradora e innecesaria.
3. O cuando la interpretación de la ley se hace de manera tan sui generis que lo que interpretan los Servicios Centrales es el anverso de lo que lo hacen sus Delegaciones Provinciales, caso de la iniciativa de considerar dominio público hidráulico todo aquello que se haya inundado, cuando la ley es muy específica al respecto.
Estas son tres maneras de proceder de las que estamos tan acostumbrados que a menudo pasan por desapercibido, aunque si miramos en nuestro entorno más inmediato, seguro que encontramos otros muchos casos, ¿no?
Interesantes reflexiones y comentarios. Me parece paradógico el comentario de Juan Garrido Clavero al referirse a la » ineficacia» que genera lentitud como una especie de salvavidas que impidió que la burbuja inmobiliaria no nos estallase con mas fuerza. Estoy de acuerdo porque a veces ocurre que el caos circulatorio provocado por la ussencia de medidas acaba produciendo un abandono del vehículo particular y ello genera una mejora general en el tráfico. UN SALUDO
Las administraciones son por definicion deficientes, es un hecho. Y va más allá de un funcionario incompetente o un político interesado. El sistema no se adapta por definición, lo que hay que hacer es generar normativas capaces de adaptarse a la actualidad y a la realidad, que más allá de reglar ayuden a la consecución de instrumentos que son para ayudar a la ciudadanía (a los intereses sociales y financieros)y a la creación en definitiva de mejores sitios para vivir,
Respecto a la inoperancia de las administraciones, me viene a la memoria el caso de la autovía de la costa. Basta con coger un mapa de carreteras a nivel europeo y ver que la franja de la costa granadina es la única sin vía rápida del arco mediterráneo cercano. Sea por la dejadez sucesivos gobiernos centrales que han pasado, o la escasa iniciativa y unión histórica de los gobiernos locales afectados, la realidad es la que es. Por otro lado, esta situación se podría interpretar a través de las palabras de Juan: Gracias al «aislamiento» de la costa parte del litoral granadino se ha salvado del desarrollismo salvaje de la última década.
A Manuel y Jesús María quería comentarle que, tal y como concluye la Teoría del Caos, todo desorden crea una oportunidad de organización cuyo consumo energético es mucho más bajo que el que supone la ordenación racionalizada. Evidentemente no podemos abandonarnos a la fortuna, pero quizás deberiamos aprender un poco más de como la no intervención humana a veces, con el paso del tiempo y el cambio de las conciencias, deviene en la sobrevaloración de determinados aspectos. Unos ejemplos: La peor costa para los intereses predominantes en el S.XX ha sido la del Cabo de Gata, hoy es una de las más valoradas; Helsinki es una ciudad cuyo centro histórico no se ha tocado desde los años 80, hoy es paradigma de conservación y buena planificación; la plaza de La Concorde, en Paris, apenas sufría accidentes mientras que no se organizó el tráfico, luego era sitio habitual de colisiones, hasta que hoy en día se ha restringido su uso, etc., etc. Quizás esto nos diga algo… y ojo, no digo que no haya que planificar y ordenar… pero sin excesos.
Deberiamos acordarnos tambien que parte de los retrasos en las tramitaciones se deben a los técnicos que informan, a veces incapaces de tomar decisiones realistas y contundentes o tan afanados que sacarle \"pegas\" a los documentos que se les envian que te piden los rehagas casi completamente por una variación con respecto a sus estimaciones de unidades…
Felicitaciones por el artículo porque creo que este describe claramente las complicaciones innecesarias a la hora de gestionar cualquier tipo de proyecto. En donde queda claro que este tipo de sistema lo único que logra es una sociedad paralizada y sobretodo desganada para seguir promoviendo nuevas ideas y soluciones.
Interesantísimo el comentario que nos hace S. Los técnicos de la Administración, una vez que llegan a serlo, y considerando que muchas veces vienen o han pasado por el mundo privado, tienden a ser especialmente puntillosos con sus observaciones. ¿Por qué?. Uno: Por no pillarse los dedos, cuantos y cuantos técnicos se han sentado en los tribunales, han sido expedientados e incluso sancionados por 1.800€/mes, ello les lleva a ser cautos y lo que es más importante, a no mojarse. Dos: Acostumbrados a que constantemente intenten «colársela» optan por ir a la defensiva y mirarlo todo con lupa, por lo que en esto tiene gran culpa los redactores y especialmente los promotores que incitan a los redactores a forzar la situación. Y tres: Por puro prurito personal, por decir yo estoy aquí, que he estudiado y aprobado unas oposiciones, y tu estás allí que no, lo cual no deja de ser un absurdo porque todos somo parte del problema o la solución, y sin unos no vivirían los otros y viceversa. En definitiva, no sólo cuenta la burocracia administrativa, sino las personas que hay tras ella, y hoy le ha tocado a los funcionarios, igual podriamos hablar de redactores y promotores.
Muy interesante tu artículo. El caso del Albaicín me parece flagrante. Un barrio en recesión social y económica sometido a los criterios variables y maximalistas de los técnicos de la Delegación de Cultura. Hubo un proyecto de parking en la Plaza de Santa Isabel la Real de tres plantas bajo rasante que hubiera resuelto muchos aspectos urbanos e incentivado el proceso de rehabilitación de viviendas etc. Un solar único en el centro del barrio. El resultado fue una planta sobre rasante. Oportunidad perdida para siempre. ¿Quién va a cambiar su vivienda con calidades VPO o su adosado o chalet en una urbanización del extrarradio con sus zonas verdes, piscina y equipamientos … por una casita a rehabilitar en el Albaicín con las incertidumbres que conlleva todo ello?
Yo no creo que debamos cargar las tintas específicamente sobre ninguno de los actores… Pero la realidad es que el sistema actual ha ido complejizandose hasta el punto de que muchos opinan que mas que racional, eficiente y riguroso, ha pasado a ser irracional, ineficiente y muchas veces perverso.
Y opino que en general todos los actores, sobre todo los funcionarios, con seguridad ponen todo su afán, sin embargo el sistema actual esta enfermo por la gravísima descoordinacion administrativa, por la falta de regulación de los criterios, por el déficit de reglamentación en tantos casos genera… Y por supuesto también muchas veces por la sobreactuacion de muchos de los que intervienen… Incluidos los políticos, claro!