2017 va a ser un año decisivo para el futuro de las pensiones tal y como se ha propuesto el presente Gobierno, que pretende llegar a un pacto con las principales fuerzas de la oposición para garantizar su viabilidad. Y es que la reforma apremia en vista de que el actual sistema de financiación no sólo ha vaciado la ‘hucha’, sino que además, se muestra insuficiente para garantizar el pago de las mismas en los próximos meses. Una reforma que llegar tarde, y en un momento en que más que nunca, va a necesitar el consenso de las principales fuerzas políticas para sacarla adelante.
La reforma que viene tendrá que salvar dos grandes problemas que están minando la sostenibilidad del sistema público de pensiones, como son, por un lado, la deficiente estructura poblacional que no cuenta con una base amplia que garantice la actual tasa de pensionistas por cotizante, y cuya proyección futura tiende a empeorar; y por otro, la caída de los ingresos del sistema por la reducción de las cotizaciones sociales como consecuencia de la ‘moderación salarial’ y las bonificaciones a empresarios, en contraposición al incremento de la pensión media.
Problemas que no se pueden resolver a corto plazo y que necesitan políticas y acuerdos a largo plazo para incentivar la natalidad, mejorar la calidad del empleo, mejorar las políticas de inmigración y la generación de valor añadido a través de la innovación. En definitiva, generar una base amplia de cotizantes que con sus sueldos puedan sostener las pensiones.
En la pirámide de población adjunta se puede observar la magnitud del problema que se viene encima. Como afirma el Gobierno, las pensiones de hoy están más que garantizadas, pero no hace falta intuir mucho para percatarse de que si no se actúa a tiempo, el problema se agravará poniendo en peligro el actual sistema de pensiones de los actuales cotizantes.
Las pensiones de hoy están garantizadas; las de mañana, no
Aparte del problema derivado del envejecimiento de la población, la viabilidad de las pensiones se ha visto sobresaltada por un imprevisto no contemplado en las anteriores reformas, como ha sido la devaluación salarial sufrida desde el inicio de la crisis en el año 2007. Casi diez años de moderación salarial que han provocado una drástica caída de los ingresos de la Seguridad Social a través de las cotizaciones, llegando a la paradoja de que los nuevos cotizantes ganan menos dinero que los nuevos pensionistas. A sueldos más bajos, cotizaciones más bajas. Y si la base baja, la relación de afiliados por pensionista también se altera, necesitando incrementar de 2 a 3 para garantizar su sostenibilidad.
En el cuadro anterior se observa cómo la relación de dos trabajadores por jubilado bastaba para mantener las pensiones durante más de veinticinco años. Es a partir de 2007, con una mejor relación de afiliados por pensionista, cuando el sistema empieza a mostrar los primeros signos de deterioro, y no por la relación, mejor que en años anteriores, sino motivado exclusivamente por la caída de los ingresos de las cotizaciones sociales a consecuencia del retroceso de los salarios y las bonificaciones a la contratación y cotización de autónomos en las cuotas de la Seguridad Social.
Un problema que a corto plazo van a tratar de solucionar con la creación de un nuevo impuesto específico como todos los expertos apuntan, y que posiblemente acompañen con otras medidas complementarias como la de sacar las pensiones de viudedad y orfandad del sistema, o como ya se está haciendo, a través de deuda pública, tanto como sea necesario. Medidas excepcionales para salir del atolladero, pero disparatadas para mantener en el tiempo ya que no solucionan la viabilidad financiera del sistema, sino todo lo contrario, pasan el problema a las siguientes generaciones. Por ello, más que nunca, es necesario que todos los partidos y agentes sociales consigan un acuerdo que zanje la recurrente polémica de la sostenibilidad de las pensiones, y que sin duda alguna, pasa por mejorar su principal fuente de ingresos, los sueldos.