«Murió en mis manos». Juan Miguel no puede evitar que se le humedezcan los ojos cada vez que la recuerda. Cada vez que mira la fotocopia de su retrato, pegada en un sencillo marco sin cristal de 17 por 24. La misma que colocó en el nicho veinticinco del patio cuarenta del cementerio de San José. Una sepultura sin lápida. Austera. Sin flores. La de Encarna. «Les pedí permiso para poner una foto y me lo dieron; así la gente sabe que está allí». Encarna, que falleció el pasado 20 de diciembre, no tenía dinero para pagar su entierro. Ni ella ni nadie de su entorno. Y fue el Ayuntamiento de Granada quien, tirando de una partida de 20.000 euros liberada al efecto, costeó los 1.750 euros que costaron sus exequias.
«En el funeral pensaba que iría yo solo detrás de la caja, pero al final fuimos siete», comenta Juan Miguel, quien estuvo muy cerca de Encarna en la última etapa de su vida. «Era buena pero recta; también guasona y con ganas de fiesta cuando se daban las circunstancias apropiadas y con la gente que ella consideraba que realmente valía la pena», comenta Juan Miguel, viudo de varias relaciones anteriores. «Siempre pensé que caería yo antes que ella. De hecho, alguna vez, solo, deprimido y enfermo, he pensado en quitarme la vida; ella era una de las razones para no hacerlo», reconoce Juan Miguel con voz trabada mientras observa nuevamente el portarretratos. Silencio.
«Cuando salgo de la cueva con esta fotografía, Chico, nuestro perro más grande, siempre aúlla», relata Juan Miguel, quien no puede evitar seguir hablando de Encarna en presente: «Ella me regaña cuando ve que me he puesto un pantalón que está sucio o que no tiene la raya bien hecha». «El Ayuntamiento se ha portado bien; agradezco que me avisaran para acompañarla hasta su tumba», dice Juan Miguel, quien ahora, ya sin Encarna, sólo se pregunta quién lo enterrará a él.
Tan real como la vida misma
Una historia tan real como la vida misma. Historias con las que lidian a diario los trabajadores sociales del Ayuntamiento de Granada. La concejala responsable de este área, Jemi Sánchez, explica que se registra un promedio de veinte sepelios sociales anuales, «aunque hemos comprobado que la cifra se va incrementando año tras año porque ya no hablamos tan sólo de ciudadanos sin hogar, sino que también se han incorporado otros perfiles que carecen de recursos». Una coyuntura propiciada por la crisis económica, que ha golpeado con mayor dureza a los colectivos más vulnerables, y también porque cada vez hay menos familias que pagan el seguro de decesos, un tipo de póliza que cubre todos los gastos funerarios que acarrea un fallecimiento, desde el desplazamiento, en caso de que fuera preciso, hasta que el finado descansa en el camposanto. «En los presupuestos tenemos previstos 20.000 euros, una cuantía que podría aumentarse sobre la marcha en caso de que hubiera mayores necesidades», dice Jemi Sánchez.
El procedimiento se activa tras la recepción en el Ayuntamiento de Granada de un documento que remite la empresa que gestiona el cementerio de San José, Emucesa, o que viene de parte del juzgado. A continuación, los servicios sociales municipales buscan toda la información sobre esa persona, «que normalmente es usuario», aclara Jemi Sánchez, y elaboran un informe que en el plazo de veinticuatro horas se manda a Emucesa o al Instituto de Medicina Legal.
Posteriormente ya sólo queda el reconocimiento del cadáver por parte de algún familiar –un trámite que a veces se complica ante la imposibilidad de encontrar allegados– y llevar a cabo el acto de inhumación, que incluye los servicios más básicos por la tarifa más básica, 1.750 euros. «Ofrecemos la posibilidad de que se celebre una ceremonia religiosa adaptada al credo que profesaba el difunto», señala la edil. Previamente, Servicios Sociales procura contactar con el entorno para advertirles del día y la hora en que se procederá a la ceremonia de despedida.
