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<\/a>La consejera de Obras P\u00fablicas y Vivienda, Josefina Cruz<\/strong>, se reuni\u00f3 ayer con alcaldes de los municipios<\/strong> beneficiados para explicarles el decreto<\/strong> que permitir\u00e1 regularizar estas casas para que puedan disponer de infraestructuras y servicios b\u00e1sicos.<\/p>\n De las 12.760 casas inventariadas, 11.025 (el 86,5%) podr\u00e1n acogerse a la regularizaci\u00f3n. En los 1.735 casos restantes se dan dos situaciones: 859 casas se han levantado en suelos de especial protecci\u00f3n. Estas son las de m\u00e1s dif\u00edcil legalizaci\u00f3n y la Junta no descarta su demolici\u00f3n. Adem\u00e1s, existen 976 viviendas con menos de cuatro a\u00f1os de antig\u00fcedad y expedientes abiertos al no haber prescrito. Estas casas quedar\u00e1n pendientes de lo que resuelvan sus respectivos Ayuntamientos.<\/p>\n El inventario elaborado por la Junta no incluye los municipios de mayor poblaci\u00f3n, como los costeros Nerja, V\u00e9lez-M\u00e1laga y Torrox, ni alguno de los m\u00e1s afectados por las casas ilegales del interior, como Alcauc\u00edn o La Vi\u00f1uela<\/strong>, cuyos alcaldes han dimitido durante este mandato, imputados en causas de corrupci\u00f3n y prevaricaci\u00f3n urban\u00edstica.<\/p>\n Muchas de las casas ilegales carecen de agua, saneamiento o electricidad. Deber\u00e1n ser los due\u00f1os los que comuniquen a los Ayuntamientos la voluntad de regularizarse, y los municipios determinar\u00e1n qu\u00e9 servicios han de tener las casas para ser habitadas, siempre con cargo al propietario.<\/p>\n Numerosos regidores de esta comarca, la mayor\u00eda del PSOE, pero tambi\u00e9n del PP y de IU, se han visto inmersos en procedimientos judiciales por prevaricaci\u00f3n urban\u00edstica<\/strong> por permitir la construcci\u00f3n de viviendas en suelo no urbanizable. Para ello, muchas veces se escudaban en la falta de un Plan General de Ordenaci\u00f3n Urbana (PGOU), y utilizaban un procedimiento reservado para viviendas asociadas a explotaciones agr\u00edcolas. Muchos de los promotores y compradores de las casas eran ciudadanos extranjeros, algunos de los cuales se han organizado para conseguir salvar sus casas de la piqueta.<\/p>\n El decreto<\/strong> que permitir\u00e1 el \u00abreconocimiento de las viviendas<\/em>\u00bb -en palabras de Cruz- afecta a las viviendas irregulares no solo de la Axarqu\u00eda sino de toda la comunidad<\/strong> y se promulgar\u00e1 dentro de entre tres y seis meses. \u00abSeremos contundentes para que el fen\u00f3meno de las viviendas ilegales en la Axarqu\u00eda se contenga, porque hay que defender el valor paisaj\u00edstico y tur\u00edstico de esta comarca<\/em>\u00ab, anunci\u00f3 la consejera Cruz tras informar del indulto de las 11.035 viviendas.<\/p>\n