Los centros educativos son un universo. Don Emilio y yo hemos constatado que las historias de ‘colegios’ despiertan un gran interés, seguramente porque muchos de vosotros sois del gremio. Bueno pues aquí va otro episodio real que ocurrió en Granada y escribí recientemente para mi periódico. Es un caso alarmante, pero, con tiempo y dedicación, tiene pinta de acabar bien. Desde que trato a don Emilio, he conocido a chavales por los que nadie apostaría un céntimo y, sin embargo, han salido adelante y ahora son personas perfectamente integradas: tienen hijos, hipotecas… y, sí, un pasado temible, pero enterrado.

Bueno, que me voy por los Cerros de Úbeda, aquí va la noticia.

Condenado por atentar contra los policías que le estaban expulsando del instituto

«La «gran resistencia» que ofreció el día que la Policía Autonómica tuvo que desalojarlo del instituto se tornó ayer en asunción de la culpa y acuerdo. Se ve que el paso del tiempo tiempo enfría los ánimos y ayuda a recapacitar. Ni siquiera fue necesario celebrar el juicio. El menor admitió su responsabilidad y fue condenado sobre la marcha por la comisión de un delito de atentado. La sanción: seis fines de semana de encierro en un correccional. La Fiscalía pedía, en un principio, una pena de medio año de privación de libertad para el muchacho, pero -tal y como prevé la ley- finalmente recompensó con una reducción del castigo la decisión del menor de declararse culpable de los cargos que se le imputaban.
Asunto zanjado
El pacto entre las partes zanjaba judicialmente un suceso excepcional por la ausencia de precedentes conocidos. No es habitual que un centro educativo tenga que pedir el auxilio de la fuerza pública para ejecutar la expulsión de un alumno. Ocurrió hace unos meses en un instituto de Secundaria de la capital granadina. El joven había hecho gala de un comportamiento pésimo y la dirección del centro docente acordó mandarlo a su casa, un acontecimiento decepcionante pero que no es extraordinario: forma parte del guión.
Pero se produjo un problema con el que seguro que no contaban: el chico se negó a abandonar el recinto escolar. No quería irse. No aceptaba la orden de expulsión.
Fue entonces cuando los docentes adoptaron la decisión de pedir ayuda a las Fuerzas y Cuerpos de de Seguridad del Estado, que ya son palabras mayores. El caso quedó en manos de una de las patrullas que la Policía Autonómica ha desplegado en Granada a lo largo de los últimos años. La «Policía de la Junta», que es como se le conoce popularmente, tiene competencias en materia de menores.
Cuando los agentes llegaron al instituto, el menor seguía en sus trece. Lejos de deponer su actitud desafiante, se había «atrincherado» en uno de los cuartos de baño del centro educativo, según el relató que elaboró la Fiscalía de Menores en su día y que el chaval asumió ayer sin pleitear.
Los patrulleros intentaron convencer al adolescente con palabras de que debía relajarse y acatar por las buenas la orden de expulsión que pesaba sobre él. Nada. Los policías cogieron entonces al chaval para sacarlo del instituto. El chico opuso una «gran resistencia», lo que complicó notablemente el desalojo. En el tira y afloja, uno de los agentes resulto lesionado. Incluso tuvo que darse de baja. El alborotador intentó, sin éxito, zafarse de los agentes para escapar.
Ayer, aquella belicosidad fue sólo un recuerdo. El joven se conformó con el castigo que proponía la Fiscalía de Menores para él. Fue el primer paso de ese camino que llaman reinserción».

Un saludo.