He aqui un fragmento de un reportaje que publiqué en IDEAL sobre la responsabilidad civil de los menores infractores (y de sus padres). Lo que más les duele es que le embarguen las motos para que hagan frente a sus desmanes, así que eso es precisamente lo que hacen los jueces: darles donde más les duele.

Desde diciembre de 2006, fecha a partir de la cual entró en vigor la enésima reforma de la Ley del Menor, los jueces resuelven en la misma sentencia «sobre la responsabilidad civil derivada del delito o falta, con el contenido indicado en el artículo 115 del Código Penal». Un precepto que, a su vez, deja sentado lo siguiente: «Los tribunales, al declarar la existencia de responsabilidad civil establecerán razonadamente en sus resoluciones las bases que fundamentan la cuantía de los daños e indemnizaciones».
En pocas palabras, que ya no hay que celebrar dos vistas para fijar el castigo penal -internamiento en un correccional, libertad vigilada, etc- y el económico: el coste de la fechoría.
La obligación de reparar monetariamente al perjudicado es solidaria: compromete tanto a los padres -o a los tutores legales- como a los propios menores. Pero como sucede en el mundo de los adultos, también hay menores que suelen mostrarse reacios a la hora de pagar para resarcir a las víctimas de sus desmanes. Para eso está el embargo. Si el «reo» no cumple, el juzgado toma nota y comienza a rastrear el patrimonio de la criatura. Primero, las cuentas de ahorro si las hubiere, y después, los automóviles y otros bienes… Igual que pasa con los mayores. La singularidad en la jurisdicción de menores radica en que la propiedad más embargada son las motocicletas. Cada año, los dos tribunales dictan decenas de órdenes de esta clase. Incluso hay un «modelo tipo» de formulario, lo que da idea de la frecuencia con que se recurre a esa medida. Dicho documento dice así: «Se declara el embargo, precinto, e inmovilización del vehículo que se describe seguidamente: Marca: ciclomotor (…); Modelo: (…); Bastidor: (…), Propulsión: gasolina, Matrícula: (…)».
¿Y por qué las motos?. Fuentes del Juzgado de Menores 1 de Granada aportan una explicación simple e imbatible. «Es lo más efectivo. Lo que más les duele. En cuanto le anunciamos el embargo, ya están aquí pagando. Es que ni llegamos a la fase del precinto e inmovilización, que es el paso previo a la subasta», explica a este periódico una de las funcionarias del citado tribunal.
Sólo en este mes de noviembre que ya acaba, Menores 1 ha confiscado una decena motocicletas. Al final de año, serán casi un centenar.
Los ciclomotores son el talón de Aquiles de los delincuentes infantiles y juveniles. Lo cual no quiere decir que el juzgado no pueda intervenir una «Nintendo», una «Wii» o un ordenador personal, porque puede. No se ha dado el caso, pero nadie debería confiarse.