Aquí os dejamos una noticia sobre lo peligrosa que puede llegar a ser la imaginación. «Esta es una historia de miedo, de ignorancia -puede que de ambas cosas a la vez-, de inconsciencia… o vaya usted a saber. Una joven menor de edad mantiene una relación sexual consentida con un varón, pero no adoptan ningún tipo de protección: ni preservativo ni otro tipo de método anticonceptivo. Eso ocurrió el 19 de septiembre del año pasado. Se ve que la imprudencia debió dejar muy intranquila a la adolescente. ¿Y si se había quedado embarazada? ¿Cómo se lo explicaría a su familia? Pero se lo ocurrió una salida que, a la postre, no la llevaría a ninguna parte. Bueno sí, banquillo de los acusados.
El día 20, horas después del encuentro carnal, se acercó hasta un centro hospitalario de la capital granadina para solicitar que le suministraran la píldora postcoital, popularmente conocida como la ‘píldora del día después’ -un fármaco que bloquea la liberación del óvulo o, si esto ya ha ocurrido, impide que se asiente en el útero y dé inicio a la gestación-.
Se de la circunstancia de que la venta de ese medicamento se liberalizó en 2009: es decir, que pasó a dispensarse sin impedimentos en las farmacias y hospitales. Incluso en el caso de menores de edad. Es decir, que en teoría no hay que dar explicaciones para obtener la píldora.
Sin embargo, la protagonista de esta historia -sin que se sepa la razón, porque los papeles judiciales no lo explican- sí se sintió en la necesidad de justificar su petición: una malísima idea, porque no se le ocurrió otro cosa que aducir que había sido violada. Era consciente de que esa tremenda afirmación no era cierta, pero fue lo que dijo. Comenzaba a rodar una bola de nieve que podía llevarse por delante a alguien. De hecho, fue lo que sucedió, pero, afortunadamente, el resultado de la invención de la menor no fue todo lo grave que podría haber sido. Nadie fue encarcelado, por ejemplo, pero por poco.
Diligencias
Pero recuperemos el hilo. Después de conseguir la píldora postcoital y acompañada por su madre, -que desconocía que todo lo que había contado su niña era una fabulación-, presentaron una denuncia ante la Guardia Civil.
Los agentes mostraron a la menor una serie de fotografías y ella «reconoció e identificó» a su supuesto violador -incluso dio su nombre-.
Según la Fiscalía de Menores de Granada, la joven acusó a esa persona a pesar de conocer la «mendacidad de su declaración» y «las graves consecuencias» que podían generar dichas imputaciones.
En este sentido, el falso culpable fue detenido e interrogado durante casi una hora, «tras prestar declaración como autor de un delito de agresión sexual». Además, un juzgado abrió una investigación que quedó definitivamente archivada el pasado mes de febrero. Y pudo se bastante peor. La Guardia Civil no lo vio claro desde el principio. Para colmo, durante el transcurso de las pesquisas «le fue mostrada a la menor la fotografía» de la persona con la que había «mantenido las relaciones sexuales consentidas» que había generado todo el embrollo, pero ella negó que lo conociese.
Por fin, el 30 de septiembre, once días después de la agresión sexual que nunca existió, la adolescente «reconoció voluntariamente que los hechos denunciados no eran ciertos».
La que hasta entonces había interpretado el papel de víctima, pasaba a asumir ahora el de presunta delincuente: era más que sospechosa de la comisión de un delito contra la Administración de Justicia y acabaría sentada en el banquillo de los acusados de uno de los dos juzgados de Menores de Granada. Allí, la chica también reconoció que había mentido y ni siquiera fue necesario celebrar la vista oral del juicio. Se conformó con la petición de la Fiscalía, que solicitaba para ella una medida de «diez meses de libertad vigilada», una temporada durante la que deberá cumplir una serie de objetivos «que se centrarán prioritariamente en apoyo al sistema familiar, tratamiento terapéutico, supervisión a nivel formativo y/o prelaboral y control del grupo» de amistades, relata la sentencia firme que zanja este caso.
Dicha resolución destaca que la muchacha, «con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, imputa a otra persona hechos que, de ser ciertos, constituirían infracción penal». Y lo hizo siendo consciente «de la ilegalidad de su conducta, merecedora por tanto de un reproche penal».Asimismo, la menor, «junto con sus padres», deberán abonar una indemnización de mil euros al hombre que fue acusado falsamente de agresión sexual «por los daños morales sufridos», aclara el fallo».