Buenas, soy Emilio Calatayud. Hace unos días, supimos que la administración, en este caso, la Junta de Andalucía, había dado el grado de Secundaria a un alumno de una localidad de Sevilla con cinco asignaturas suspendidas. Los profesores, y me parece normal, pusieron el grito en el cielo. La Consejería le aprobó, en contra del criterio de los profesores, Lengua Castellana e Inglés. Le quedaron Biología, Ciencias Sociales y Física y, aún así, le dieron el título porque los padres reclamaron. Yo creo que es una barbaridad. No se puede decir por un lado que hay que reforzar la autoridad de los profesores y, por otro, hacer estos disparates.
Emilio Calatayud
Blog del Juez de Menores de Granada y del periodista Carlos Morán
otro disparate más.
Bueno, tal vez con ese curriculum pueda estudiar para registrador de la propiedad!!!
D. Emilio, eso no es lo más grave. Algunos profesores se quejan de que esto es la judicialización de la enseñanza, y creo que se equivocan. Cuando unos padres reclaman una nota, lo hacen apoyados en unos motivos. Si no me equivoco (rectifíqueme, por favor si no es así), ante una una petición de este tipo, la justicia examinaría lo que se reclama, vería si es cierto y daría o no la razón.
Aquí el proceso es inverso. Desde el primer momento, dentro del centro (no hablemos ya cuando pasa a manos de la autoridad provincial), se inicia una investigación integral de toda la labor del profesor (desde la programación de septiembre hasta la última anotación de su cuaderno de notas) a la búsqueda de cualquier error de procedimiento (eso en plena efervescencia del final de curso o de septiembre y con unos plazos brevísimos).
Si pasa a Delegación, hay que facilitar toda la documentación, para seguir el mismo proceso, pero con mayor profundidad. Eso sí, le dejan alegar algo al profesor sobre los motivos del suspenso, pero también ese escrito se examina con lupa, independientemente, digo, de qué reclaman.
Curiosamente, los motivos de objeción del trabajo del profesor se basan en las interpretaciones sobre aplicación de la ley de una comisión cuyos componentes no conoce el profesor (supongo que podría pedir los nombres, pero no sé si sería fácil saberlos. En una circular del año pasado se sugería la conveniencia de grabar las actuaciones en clase de los alumnos para acreditar las notas de clase.
Tuve una conversación con alguien que resultó haber sido componente de tal comisión, y me dijo que también podía el profesor haber registrado en su cuaderno una información detallada (es decir, anotar una estimación por cada uno de los aspectos de la respuesta) de cómo los alumnos habían realizado cada tarea y pregunta de clase, es decir, perder diez minutos de clase calificando por cada pregunta que se hace (¿en qué momento enseñamos?), que no le valía una calificación simple hecha por alguien que se supone capacitado profesionalmente. Algunas inspecciones están «insistiendo» a los profesores a dejar de lado los exámenes, pero luego se piden «papeles». En algún caso ya se ha anunciado que hay comisiones provinciales que se van a ceñir a documentación escrita, obviando las de clase.
Lo más divertido es lo último. Como si fuera esto un proceso de otro tipo, cualquier detalle de forma invalida la calificación, pero no se ordena repetición de proceso, ni examen de conocimientos del alumno, sino que se le aprueba automáticamente. Esto es como si, cuando se encontrara una radiografía estropeada, se le diera el alta automática al paciente y se le considerara sano por fallo de una de las pruebas. Repito, independientemente de los motivos de reclamación.
De hecho, tuve un director que se había licenciado en Derecho y que, indignado por una orden de titulación de un alumno, se encerró en el despacho días, preparó una extensa argumentación legal y consiguió hacer evocar la orden. En vez de leerla y asumirla, la remitieron a los servicios jurídicos, que tuvieron que decirle que se habían «columpiado».
¿Necesitan los centros contratar un abogado fijo para proteger su trabajo de enseñanza? ¿Es que las instancias provinciales están hechas no para apoyar y supervisar el trabajo de enseñar, sino que hay que temblar cada vez que llega un sobre de «arriba». No es nada divertido pasar por el proceso, puesto que el profesor, que aparentemente tiene solo que informar, está en realidad obligado a defenderse de la acusación de ser arbitrario. He visto a bastantes compañeros, y no precisamente de los menos entregados , sufrir física y psíquicamente por este sistema kafkiano. De hecho, una compañera me comentó recientemente que su reclamación le costó tres kilos (y no le convenía adelgazar) y muchas noches de insomnio y angustia. Los profesores nos hemos quedado solos, atrapados entre algunos padres inconscientes (afortunadamente, no demasiados, pero al tiempo) y una superioridad que está dispuesta a complacer los caprichos (que no necesidades) del «cliente».
Porque lo que viene luego no es precisamente ejemplar. La «victoria» es celebrada profusamente por los afectados, comentada en el entrono del centro y publicitada como manera de sortear el trabajo de aprender para poder «comprar» gratis el título.
Es cierto que he visto actuaciones lamentables de compañeros, que aquí también hay de todo, y que hay que mantener garantías del proceso. Pero, curiosamente, ese tipo lamentable de actuaciones las suelen solucionar regalando preventivamente el aprobado. Con lo cual, imaginen a qué tipo de profesional se le está privando de autoridad legal, moral y académica con esta reedición inquisitorial.
D. Emilio, eso no es lo más grave. Algunos profesores se quejan de que esto es la judicialización de la enseñanza, y creo que se equivocan. Cuando unos padres reclaman una nota, lo hacen apoyados en unos motivos. Si no me equivoco (rectifíqueme, por favor si no es así), ante una una petición de este tipo, la justicia examinaría lo que se reclama, vería si es cierto y daría o no la razón.
Aquí el proceso es inverso. Desde el primer momento, dentro del centro (no hablemos ya cuando pasa a manos de la autoridad provincial), se inicia una investigación integral de toda la labor del profesor (desde la programación de septiembre hasta la última anotación de su cuaderno de notas) a la búsqueda de cualquier error de procedimiento (eso en plena efervescencia del final de curso o de septiembre y con unos plazos brevísimos).
Si pasa a Delegación, hay que facilitar toda la documentación, para seguir el mismo proceso, pero con mayor profundidad. Eso sí, le dejan alegar algo al profesor sobre los motivos del suspenso, pero también ese escrito se examina con lupa, independientemente, digo, de qué reclaman.
Curiosamente, los motivos de objeción del trabajo del profesor se basan en las interpretaciones sobre aplicación de la ley de una comisión cuyos componentes no conoce el profesor (supongo que podría pedir los nombres, pero no sé si sería fácil saberlos. En una circular del año pasado se sugería la conveniencia de grabar las actuaciones en clase de los alumnos para acreditar las notas de clase.
Tuve una conversación con alguien que resultó haber sido componente de tal comisión, y me dijo que también podía el profesor haber registrado en su cuaderno una información detallada (es decir, anotar una estimación por cada uno de los aspectos de la respuesta) de cómo los alumnos habían realizado cada tarea y pregunta de clase, es decir, perder diez minutos de clase calificando por cada pregunta que se hace (¿en qué momento enseñamos?), que no le valía una calificación simple hecha por alguien que se supone capacitado profesionalmente. Algunas inspecciones están \"insistiendo\" a los profesores a dejar de lado los exámenes, pero luego se piden \"papeles\". En algún caso ya se ha anunciado que hay comisiones provinciales que se van a ceñir a documentación escrita, obviando las de clase.
Lo más divertido es lo último. Como si fuera esto un proceso de otro tipo, cualquier detalle de forma invalida la calificación, pero no se ordena repetición de proceso, ni examen de conocimientos del alumno, sino que se le aprueba automáticamente. Esto es como si, cuando se encontrara una radiografía estropeada, se le diera el alta automática al paciente y se le considerara sano por fallo de una de las pruebas. Repito, independientemente de los motivos de reclamación.
De hecho, tuve un director que se había licenciado en Derecho y que, indignado por una orden de titulación de un alumno, se encerró en el despacho días, preparó una extensa argumentación legal y consiguió hacer evocar la orden. En vez de leerla y asumirla, la remitieron a los servicios jurídicos, que tuvieron que decirle que se habían \"columpiado\".
¿Necesitan los centros contratar un abogado fijo para proteger su trabajo de enseñanza? ¿Es que las instancias provinciales están hechas no para apoyar y supervisar el trabajo de enseñar, sino que hay que temblar cada vez que llega un sobre de \"arriba\". No es nada divertido pasar por el proceso, puesto que el profesor, que aparentemente tiene solo que informar, está en realidad obligado a defenderse de la acusación de ser arbitrario. He visto a bastantes compañeros, y no precisamente de los menos entregados , sufrir física y psíquicamente por este sistema kafkiano. De hecho, una compañera me comentó recientemente que su reclamación le costó tres kilos (y no le convenía adelgazar) y muchas noches de insomnio y angustia. Los profesores nos hemos quedado solos, atrapados entre algunos padres inconscientes (afortunadamente, no demasiados, pero al tiempo) y una superioridad que está dispuesta a complacer los caprichos (que no necesidades) del \"cliente\".
Porque lo que viene luego no es precisamente ejemplar. La \"victoria\" es celebrada profusamente por los afectados, comentada en el entrono del centro y publicitada como manera de sortear el trabajo de aprender para poder \"comprar\" gratis el título.
Es cierto que he visto actuaciones lamentables de compañeros, que aquí también hay de todo, y que hay que mantener garantías del proceso. Pero, curiosamente, ese tipo lamentable de actuaciones las suelen solucionar regalando preventivamente el aprobado. Con lo cual, imaginen a qué tipo de profesional se le está privando de autoridad legal, moral y académica con esta reedición inquisitorial.
Yo siento que nos están fiscalizando cada día más sin conocer la labor educativa que realizamos. Esto es un sin sentido.
Yo siento que nos están fiscalizando cada día más sin conocer la labor educativa que realizamos. Este caso es la punta de un iceberg para desprestigiar la figura del maestro, del profesor. Una falta de sentido común absoluta. ¿Para qué nos obligan, entonces, a evaluar, a las pruebas de diagnóstico, a la evaluación inicial de cada alumno que llega al centro?
Señor Juez, la Junta de Andalucia va de tropelía en tropelía. Poco le importa la opinión del profesorado, solamente le interesa recaudar votos y teniendo a los padres contentos no hay más que hablar. Además tampoco le conviene que nuestro alumnado alcance un nivel académico y cultural decente, quieren analfabetos funcionales para así manejarlos mejor. Y eso lo avalan los Informes Pisa y la cantidad de analfabetos que acceden a la Universidad. Por otro lado, no se crea usted que los menores que ingresan en Centros de Internamiento sacan el Título de Graduado Escolar por sus propios méritos; ¡menuda picaresca y copieteo hay en este tema!¡si supiera……!
Señor Calatayud, coincido con usted. Además de una barbaridad, estas actitudes entierran la educación académica. Conspira contra el futuro educativo. Pero, estimado señor, lo que Ud. exalta, ocurre en muchos países del Mundo. En Argentina por ejemplo, enarbolando una ideología progresista, incineran la cualidad instructiva del mañana. O talvés, buscan una sociedad menos entendida en el futuro. Por la Educación pasa cuantitavamente el futuro de una sociedad.
Los Maestros y Profesores son el instrumento para elegir el futuro. El Estado debe invertir en ellos. Cuidarlos y prepararlos para cuestiones mayores. No son meros empleados administrativo, su función va mas allá de la simpleza. De ellos depende la sociedad que pretendemos para los años venideros. ¿Es difícil entender eso?