Por ser breves, lo que va a continuación es una buena noticia. Ni más ni menos. «Una juez ha paralizado el desalojo de una mujer y sus tres hijos de su casa, de la que es propietaria la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, que ha promovido el desahucio por impago, hasta que los menores terminen el año escolar y la Comunidad de Madrid les garantice una vivienda digna. «El lanzamiento no podrá en ningún caso llevarse a cabo antes de que los menores hayan finalizado el presente curso escolar», ha decidido en su auto la juez de Madrid Lourdes Menéndez González-Palenzuela, la misma que en sentencia acordó el desahucio», informó la agencia EFE.

La juez recuerda en su resolución que la Convención de Derechos del Niño y la Constitución Española  «obligan a los poderes públicos a garantizar el respeto de los derechos de los menores y adecuarán sus actuaciones» y a toda autoridad que detecte «una situación de riesgo o posible desamparo de un menor, a comunicarlo a la autoridad o sus agentes más próximos, sin perjuicio de prestarle el auxilio inmediato que precise».

Es decir, que los derechos de los niños están por encima del ‘derecho’ a desahuciar.