Los jueces decanos de toda España han hecho público un documento sobre la corrupción en el que reclaman que este tipo de delitos tengan un periodo de prescripción más largo que el fijado actualmente, es decir, que se puedan perseguir durante más tiempo,  y también plantea la agravación de las penas de delitos como el tráfico de influencias, la prevaricación y las negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.

Modestamente, yo incluiría que los partidos tuvieran que responder civilmente de los trapicheos de sus cargos y militantes, o sea, que paguen por lo que se lleven los suyos.