Buenas, soy Emilio Calatayud. Parece que el nuevo Gobierno anda dándole vueltas a una ley para prevenir el consumo de alcohol entre los menores de edad. Me parece bien, llevamos demasiado tiempo arrastrando este tema -yo abrí diligencias penales por un botellón en Granada hace ya 25 años- y va siendo hora de darle una solución lo más eficaz posible. De momento, diré que ya disponemos de normativa suficiente para paliar este problema, lo que hace falta es aplicarla. Por ejemplo, la Ley de Protección del Menor ya dice que  toda persona o autoridad y especialmente aquellos que por su profesión o función detecten una situación de maltrato, de riesgo o de posible desamparo de un menor, lo comunicarán a la autoridad o sus agentes más próximos, sin perjuicio de prestarle el auxilio inmediato que precise.

Y yo entiendo que un niño borracho se encuentra en una situación de riesgo. Así que tenemos que ponernos las pilas todos. En cualquier caso, si se hace una ley específica debe contemplar dos puntos que, en mi modesta opinión, son fundamentales: la prohibición absoluta de beber alcohol en la calle -que también afectaría a los adultos, claro- y el cierre inmediato de los establecimientos -tiendas, bares, etc- que despachen alcohol a niños y adolescentes -ahora también se clausuran, pero para ello tienen que ser reincidentes-.