Hace tres meses, allá por mitad de mayo, ‘el campo’ se echó encima de la ministra Yolanda Díaz cuando anunció el envío de inspectores de trabajo en busca de ‘esclavitud’. Se trataba de inspeccionar sobre el terreno cuestiones laborales relativas a tiempo efectivo de trabajo, salarios, papeles en regla, letrinas en condiciones aceptables y acceso a agua potable por cuenta de la empresa; pero lo fácil era reducirlo a ‘esclavitud’.
El clamor ‘del campo’ se dejó sentir alto y claro, con las inevitables exigencias de dimisión ministerial, faltaría más. A sensu contrario, hubo una reacción igualmente irracional de quienes denunciaban que las condiciones de trabajo en ‘el campo’ son lamentables y tercermundistas.
¡Qué malas son las generalizaciones! ‘El campo’, como tal, no existe. Ni es la arcadia feliz que celebran unos ni es el infierno en la tierra que denuncian otros. Aunque puede serlo. Lo uno y lo otro. En ‘el campo’, como en todos los sectores productivos, hay empresarios que hacen las cosas bien, están quienes las hacen regular y, por desgracia, también hay gente sin escrúpulos con comportamientos negligentes y deleznables. Punibles y delictivos. Y contra ellos hay que actuar, de forma decidida y sin titubeos.
Hace una semana, en Lorca, moría un jornalero por un golpe de calor. En el caso de Eleazar Benjamín Blandón puede haberse incumplido todo lo que la inspección enviada por Yolanda Díaz debía inspeccionar. Ya se verá qué determina la investigación judicial. La reacción ‘del campo’, en este caso, no se deja sentir con tanta fuerza.
Uno de los grandes males de nuestra sociedad es el corporativismo a ultranza y la incapacidad de aceptar cualquier atisbo de crítica. Lo primero que trascendió en el caso Blandón es que el jefe del jornalero muerto era ecuatoriano. Que quedara claro que entre inmigrantes anda el juego.
En Lleida, en el meollo de uno de los focos más importantes de coronavirus de nuestro país, la inspección de trabajo ha denunciado que 19 personas que habían dado positivo en el test de covid-19 seguían trabajando, a pesar de que la empresa conocía los resultados de la PCR.
Demonizar al sector agrícola en conjunto por estos dos casos es tan ridículo como defender que, en el campo, todos los empresarios son cumplidores de la normativa laboral y en materia de prevención de riesgos laborales. Menos golpes de pecho, menos peticiones de dimisión y más inspección de trabajo, en el campo y en la ciudad.
Jesús Lens
