Un mismo escrito. Dos diferentes interpretaciones. Una enorme paradoja. Todo ello confluye en el escrito de acusación presentado por el Ayuntamiento como parte personada en el caso Serrallo que “exime” a seis de los concejales que ahora mismo forman parte del consistorio y que estaban en aquella junta de gobierno que tomó ciertas decisiones muy cuestionables.

El Ayuntamiento acusa al ex alcalde Torres Hurtado y a la ex concejala de Urbanismo, Isabel Nieto; pidiendo para ellos mucha cárcel y mucha pasta, pero a ningún otro concejal de aquella infausta corporación local.

Para unos, los concejales votaron de acuerdo con los informes técnicos y, por tanto, no cometieron delito alguno. Para otros, como IU, este escrito “nos vuelve a llevar a sospechar que existe un pacto encubierto entre PP y PSOE para taparse las vergüenzas unos a otros. Exigimos una rectificación”.

Si preguntan ustedes a personas del sector privado obligadas a lidiar con la administración en cuestiones como urbanismo, les dirán que no hay quien firme un papel, una autorización, una licencia, un permiso.

Por ejemplo, la denuncia de Francisco Carmona, presidente de la patronal andaluza Fadeco Contratistas: el Plan de Construcción Sostenible lanzado entre alharacas en febrero de 2015 apenas se ha puesto en marcha y no hay manera de encontrar personal cualificado en Andalucía que se adapte a los requerimientos de un sector en plena evolución: cuatro años sin planes de formación han dejado obsoletos a miles de trabajadores, lo que redunda en una baja productividad que se utiliza como excusa para la congelación de los salarios.

Términos como urbanismo o formación son anatema en nuestro entorno. Se han convertido en tóxicos, en puro veneno. De ahí que, volviendo al caso Serrallo, el Ayuntamiento trate de sentar un precedente para que los concejales no tengan la presión de una amenazadora Espada de Damocles, cada vez que votan una resolución.

¿Ejercicio de responsabilidad o taparse las vergüenzas? Complicado tenerlo claro, que también nos escandaliza la excesiva y paralizante intervención jurídico-penal en mil y un asuntos de ámbitos muy diferentes. ¿Dónde está el término medio entre el exceso y el defecto, entre pasarse y quedarse cortos?

Termino con la paradoja: que hubiera seis concejales del PP investigados por el caso Serrallo fue lo que impidió la moción de censura al gobierno municipal del PSOE. La cuestión era… medir bien los tiempos.

Jesús Lens