Ayer por la mañana, antes de la Bolsa abriera su catastrófica sesión y las noticias sobre el coronavirus nos obligaran a hacer scroll en la pantalla del móvil cada pocos minutos, la Guardia Civil ponía en marcha la operación Mocy en Pinos Puente.

Armas de fuego y 2000 plantas incautadas y cinco detenidos en la enésima batida contra el cultivo ilegal de marihuana. Escribo ‘enésima’ sin sentido peyorativo, entiéndaseme bien. Es sólo que tengo la sensación de estar viviendo en el Chicago de los años 20 del siglo pasado, cambiando el alcohol de contrabando por la ‘marijuana’.

La lista de tiroteos que viene sacudiendo a la capital y al área metropolitana por asuntos relacionados con este tráfico es inaudita. Hace unos días, a las cuatro de la tarde, más de 70 balas despertaron de la siesta a los vecinos de Alhendín. ¡70 balas! Como si de ‘El precio del poder’ de tratara, con un Tony Montana de andar por casa al mando de las operaciones.

Lo venimos denunciando desde hace mucho tiempo. La buena prensa de la marihuana, su fama de inofensiva, enrollada, contracultural, alternativa y molona total le granjea unas simpatías que maldita la gracia tienen.

Los cultivos de marihuana en Granada están en manos de bandas organizadas de delincuentes, una mafia cada vez más salvaje y violenta que no duda en tirotearse a plena luz del día para ajustarse las cuentas o en los ‘vuelcos’ que tratan de robarle la mercancía a la competencia.

Enhorabuena y gracias a esa Guardia Civil que, sin pausa, responde a cada tiroteo con nuevas detenciones y operaciones de desmantelamiento de los cultivos ilegales. Eso sí, habría que echarle una pensada a la cuestión de las penas que conlleva la comisión de estos delitos. Porque la legislación también es laxa con todo lo relativo a la marihuana.

No quiero abrir el debate de la legalización o no de las drogas. El marco jurídico es el que es. Pero una serena reflexión sobre las consecuencias penales de este tráfico no estaría de más, máxime ahora que vamos a tener mucho tiempo.

Jesús Lens