El abogado del Estado ha llevado al banquillo al exconcejal Luis Gerardo García Royo, a dos promotores de esta ciudad y a varios funcionarios por intentar comerle el terreno al Estado (presuntamente hablando).

La investigación ha puesto de manifiesto errores de bulto en la tramitación de la operación urbanística. Tan gordos que siete años después en lugar de un Palacio de Hielo hay un barbecho. Pero de ahí a que haya delito será otra cuestión que tendrán que dirimir los jueces.

El que lo tiene claro es Juan García Montero, que ya vaticina por anticipado que 2016 será bisiesto y que el juicio quedará en nada.

Juan es como un cabañuelista de esta cosa política, que mira la luna y ya sabe cómo acabará la tormenta. En este caso piensa que todo ha estado movido por la mano negra de Antonio Cruz.

Eso significa que Juan sospecha que un subdelegado del Gobierno puede mover a los jueces, lo cual nos tiene ya con los titulares en vilo por lo que pueda maquinar ahora que el subdelegado será de los suyos.

Como parece que no tiene muy claro lo sucedido (presuntamente), desde aquí -que somos también un pelín osados y luneros- vamos a contarle a Juan lo que supuestamente ha sucedido.

Hace siete años, cuando el que tenía un ladrillo tenía un tesoro, se firmaron convenios urbanísticos millonarios. Hasta el aire se pagaba a precio de oro -que de eso se trata lo que los técnicos llaman ‘unidades de aprovechamiento’-.

Los promotores compraban encantados al Ayuntamiento el suelo público, porque al urbanizarlo multiplicaba su valor. Y el Ayuntamiento ganaba liquidez para hacer túneles como el de Villarejo.

Puede -presuntamente- que en alguna ocasión se metiera en el trueque terrenos que el Ministerio de Fomento tenía olvidados de expropiaciones de hace medio siglo.

El problema surge cuando Isabel Nieto empieza a reclamar aquellos convenios en 2008 y amenaza con embargar a los promotores, que en ese momento ya no tenían dinero para pagar lo que habían firmado.

Es entonces cuando uno de ellos, para evitar supuestamente hacer frente a esas cantidades millonarias, denuncia que alguien le obligó a comprar algo que ni era suyo.

No sé dónde acabó ese pleito, tampoco si será una coincidencia que desde el Ayuntamiento -presuntamente- le compensaran la deuda.

Pero de nada sirvió dar marcha atrás porque el abogado del Estado se coscó de la película y se los llevó a todos por delante.

Lo que se llama pegarse un tiro en el pie.