Un funcionario sostiene en un informe que alguien dio una “orden superior” para que se parase la notificación de multas en vísperas de las municipales de 2015, lo que provocó -presuntamente- que 10.000 sanciones prescribieran.

La instrucción pudo existir o tratarse de una interpretación errónea del receptor. También pudo suceder que algún meritorio actuara por libre para allanar la campaña electoral a Torres Hurtado. O, puestos a elucubrar, que el cartero se quedase atrapado en un atasco.

Pero hay varias cuestiones probadas. Por un parte, que de un año para otro se tramitaron 40.000 expedientes menos. Y por otra, que este cambio se produjo justo en el año electoral.

Puede ser una casualidad. Pero, por poder ser, hasta podría ser delito.

Lo extraño -aunque cada vez menos- es que aquí no pase nada. Es sumamente sencillo aclarar lo ocurrido. Bastaría con llamar al autor del informe, que señale quién le facilitó tal información y que esta segunda persona identifique -de existir- al ser “superior” que dio la orden.

Porque, de no hacerlo, tendría que ser la fiscalía quien, de oficio, averigüe si es verdad que alguien prefirió que el Ayuntamiento perdiera medio millón de euros para no perder él un puñado de votos.