Culpas judiciales y políticas

Esta semana nos hemos encontrado con una noticia, aunque para algunos esperada, de especial calado y trascendencia, la imputación de la infanta Cristina de Borbón, lo que ha provocado un gran revuelo en la opinión pública. La frase que pronunció el Rey Juan Carlos en su mensaje navideño en 2011: «La Justicia es igual para todos» ha dado pie a que fuera mencionada por el propio juez instructor del ‘caso Nóos’, José Castro, en el mismo auto de imputación. Muchos españoles no están de acuerdo con esa afirmación, piensan que determinadas personas, por ser quienes son, incluidos políticos o miembros de la familia real, nunca se sentarán en el banquillo ni serán condenados. Sin embargo, la decisión judicial sobre la infanta, pendiente del recurso de la fiscalía anticorrupción, desmiente a aquellos que piensan que hay privilegiados o que son inmunes al peso de la ley.

En estos tiempos, gran parte de la ciudadanía dicta sentencia y condena antes de celebrar el juicio. No. Hay que dejar que la Justicia actúe. El Príncipe de Asturias dijo el día después de conocerse la imputación de su hermana que los jueces son merecedores de la máxima confianza. Gran acierto, y otro que la Casa del Rey haya decidido someterse a la futura Ley de Transparencia que prepara el Gobierno.

La transparencia obliga aún más a la ejemplaridad, lo que resulta imprescindible para quienes desempeñan labores públicas o institucionales, porque los ciudadanos tienen todo el derecho de realizar sus juicios políticos, morales o éticos. Y ahora, sumidos en momentos difíciles, de gran incertidumbre y rodeados por demasiadas crisis, no solo la económica, el listón de lo políticamente correcto se ha elevado considerablemente. La sociedad está enfadada y es más exigente que nunca. Tienen que ser mucho más sensibles quienes ejercen cualquier actividad al servicio de la ciudadanía. Lo que no es aceptable es que sufran el acoso o la amenaza, esa práctica tan de moda y denominada ‘escrache’. Es condenable y no tiene justificación alguna ir en contra de quienes han sido elegidos democráticamente en las urnas.

En Andalucía hemos asistido a la comparecencia de Griñán ante el Parlamento por el caso de los ERE. Lo hacía para intentar frenar al PP, crecido ante las últimas acciones de la juez Mercedes Alaya, que parece estar próxima a concluir su trabajo, a falta de saber si tiene datos que impliquen a la cúpula de la Junta o al mismo presidente. Al final, mucho rifirrafe, alta tensión entre Griñán, un tanto nervioso, y Zoido, que cometió algún desliz, pero nada nuevo bajo la lluvia. Lo interesante ha sido escuchar a un alto cargo elevar la responsabilidad política en esto de los ERE. La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, señaló a los que fueron titulares de Empleo anteriores, Antonio Fernández y José Antonio Viera. El PSOE se desmarcó y mantiene el techo en el que fuera director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero. Creo que no es exagerado pedir que ambos reconocieran su culpa política por, al menos, no controlar a su subordinado. Hay que pagar las responsabilidades judiciales pero también políticas. ¿No les parece?

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