La crisis que acabe con la corrupción

La crisis nos ha traído una cifras de paro dramáticas, pérdida de riqueza o más pobreza, e infinidad de problemas para casi todos. Permítanme que me ponga algo buenista a la hora de intentar sacar alguna consecuencia positiva de este periodo, que ya se hace largo. Es verdad que aquellos despilfarros de algunos o la barra libre de otros se ha acabado, que no podíamos vivir por encima de nuestras posibilidades. Pero no voy a caer en decirles que en esta crisis debemos aprovechar las oportunidades, salir mejor preparados o reforzados. Es verdad, pero también esta crisis debe acabar con la corrupción y el fraude. Esa lacra no puede continuar. Cada día nos hace perder más la esperanza y confianza. La generación de jóvenes que se ha tragado esta crisis, sumida en el desempleo, desespera y no solo emigra del país sino de la creencia en las instituciones. La sensación de impunidad de ciertos actos y personajes indigna a la ciudadanía. A pesar de que algunos sueñan con una pronta recuperación económica que oculte otros problemas, para que nade cambie y paralice reformas aún necesarias. Modificar el status quo es imprescindible, mantenerlo es inviable y sería la mayor oportunidad perdida para este país de alcanzar una verdadera prosperidad en todos los aspectos.

La fiesta ha tocado a su fin para quienes se han beneficiado y aprovechado del cargo que ostentaban o de las circunstancias. Las últimas revelaciones sobre las irregularidades de UGT, aunque siempre hay que proclamar la presunción de inocencia, pueden llevar fácilmente a la sospecha de que esos comportamientos han podido producirse igualmente en otros sindicatos u organizaciones. Ya está en marcha alguna denuncia en ese sentido. La pregunta es sencilla: ¿De cuántos de estos comportamientos no nos hemos enterado todavía?

No es cuestión de instaurar la criminalización como un clima o estado permanente, pero cada día nos encontramos con desagradables sorpresas. Esta semana hemos conocido la condena a un ex presidente autonómico por cohecho, a otro se le inhabilita por no cumplir la ley, la pena de prisión para un dirigente futbolístico por su relación como abogado al servicio de políticos, nuevos empresarios imputados por la presunta ‘caja b’ del Partido Popular o las acciones iniciadas por la jueza Mercedes Alaya para pedir al Supremo que impute a Chaves y Griñán por el caso de los ERE. Todos ellos son claros y evidentes ejemplos del desparrame que vivimos y sufrimos.

La corrupción y el fraude son ahora mismo el segundo problema que tiene España, a la vista del último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), difundido este miércoles. El primero, lógicamente, es el paro, el tercero son los problemas económicos, pero el cuarto son los políticos. Hay casos verdaderamente escandalosos, que afectan a gobiernos autonómicos, partidos, sindicatos e implican hasta a miembros de la familia real.

Hace falta que los políticos tomen conciencia, no se amparen en la justicia para dilatar su responsabilidad, ni se entrometan en su control, deben ser ejemplares en la vigilancia y, especialmente, en el castigo. ¿No les parece?

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