Dos Cataluñas pero una España

A los independentistas y antisistema catalanes se les llena la boca de pedir la libertad para el exvicepresidente Junqueras y los ocho exconsejeros que entraron en la cárcel este jueves con esa matraca de que son presos políticos. Es falso. En España no se priva de libertad por tener un pensamiento o una ideología, ni tampoco por ser o sentirse independentista, se está entre barrotes por cometer delitos contemplados en el Código Penal. También se habla de que el Gobierno tiene que liberarlos, cuando no se quiere reconocer la separación de poderes ni que la prisión preventiva siempre es dictada por un juez.
Esta grave crisis ha llegado a tal dimensión por muchas razones, entre ellas los desaciertos y errores tanto de gobiernos socialistas como populares, que por pasividad o ineficacia no frenaron una escalada del independentismo. Es posible que lleguemos tarde, pero esas acciones llevadas a sus últimas consecuencias, como la celebración de un referéndum ilegal y la declaración de independencia, son un claro ataque a la Constitución. Quienes así actuaron conocían sus responsabilidades, sabían a lo que se exponían y que la justicia iría contra ellos. Puigdemont debía tenerlo claro cuando decidió huir a Bruselas y mostrarse como el más cobarde. Su último disparate es decir que está dispuesto a ser candidato.
Los jueces en el ejercicio de su cargo no hacen política, otra cosa es que abandonen la toga y se dediquen a ella. Funcionan con sus propios tiempos y sus actuaciones nada tienen que ver con la política. Gustarán o no, se podrá discrepar de ellas, serán más o menos duras, pero si están fundamentadas deben ser respetadas. La juez Lamela ha dado respuesta a unos presuntos delitos de mucha gravedad sobre unos hechos concretos, no opiniones, con los que se pretendía romper nada menos que la unidad de España por la imposición de una minoría.
La maquinaria de la Justicia se ha activado y ya no hay quien la pare. No será el primer caso de políticos que acaban presos. A la sombra están Luis Bárcenas, Ignacio González o Francisco Granados, los tres del Partido Popular. Y también me vienen a la memoria nombres socialistas, como el que fuera ministro del Interior José Barrionuevo y su secretario de Estado Rafael Vera, un presidente de Navarra, Gabriel Urralburu, y un director general de la Guardia Civil, Luis Roldán. Y otro exministro como Jaume Matas, la presidenta del parlamento balear, María Antonia Munar, o el que fuera presidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra. Al menos por lo mismo, la presunta malversación de fondos públicos, los independentistas son políticos presos.
La aplicación del 155 y la convocatoria de elecciones dejan muy claro lo que nos jugamos el 21D porque, no nos engañemos, son unos comicios que pueden servir para frenar a los independentistas, dispuestos a presentarse unidos junto a los antisistema de las CUP. Por eso sigo pensando que una unión de fuerzas constitucionalistas ante las urnas demostraría cierta altura por encima de posiciones partidistas. Estamos ante dos Cataluñas en una España que no puede romperse por unos pocos. ¿No les parece?

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *