Tiene razón Javier Arenas al decir que la labor de Vicente Aguilera como concejal ha sido admirable y bien valorada por los ciudadanos. Es cierto, su llegada a la política fue un acierto y un revulsivo, por su eficacia y gestión, a la hora de solucionar problemas y desperfectos. Tenía oficio y beneficio. Venía de una trayectoria personal y profesional ejemplar, con un negocio familiar basado en el esfuerzo y la dedicación. Ahora se enfrenta a algún que otro problema, como la difícil situación por la que atraviesa Inagra, la empresa de basura, a punto de presentar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que puede afectar a decenas de sus empleados.
Cuando llegó al Ayuntamiento hizo lo que debía, renunciar a su presencia y participación empresarial. Pero Aguilera el mes pasado creó una sociedad para optar al concurso promovido por la Federación de Cofradías, al amparo del Ayuntamiento, y explotar las tribunas que se instalarán en Semana Santa, durante veinte años, a lo largo de la calle Ganivet.
No pongo en duda su honestidad. No está en juego eso, lo que se cuestionaba es una decisión, como es la de optar a ese contrato como concejal y teniente de alcalde. Hasta puede ser compatible. Puede que ni haya existido tráfico de influencias o información privilegiada. Además, la decisión no estaba tomada. Si hay alguna ilegalidad, será la Justicia la que dictamine, pero se trata de otra cosa llamada responsabilidad política. Y en esa tarea hay que ser honrado y parecerlo. Ni una sombra de duda. Los errores deben asumirse o rectificar.
Aguilera ha decidido no participar en la empresa, pero todavía debería explicar alguna que otra cosa más. Si cuando entró en el Ayuntamiento declaró que no tenía empresa alguna, por qué no lo hizo a la hora de constituirla. Como para él nada es reprochable, qué hubiera pasado de no haberse publicado la información, ganar el concurso y saberse su vinculación con la sociedad. ¿Hubiera dimitido de la empresa o de su cargo de concejal? Y, por último, afirma que deja la empresa para no hacer daño al Partido Popular, lo cual no está mal. ¿Pero donde sitúa a los ciudadanos y a una institución como el Ayuntamiento?
Pero lo mejor es lo que ha dicho el alcalde, que estaba al corriente de todas las actuaciones de su concejal: “Muerto el perro se acabó la rabia”, al valorar su decisión. La frase no tiene desperdicio y admite que existe una situación a la que se quiere poner fin. Aunque es lenguaje figurado, no creo que sea tan cruel y maligna, sino algo tán facil como es ejercer la ética, de forma transparente y estética, y someterse al enjuiciamiento de la ciudadanía. Para lo bueno y lo malo, quien ejerce la política paga ciertos peajes y recibe otros. Su labor está expuesta a luz y taquígrafos, al elogio o la censura. Gracias a la misión de la prensa, la opinión pública dispone de información para valorar y controlar a los representantes que democráticamente ha elegido