Ya he comentado más de una vez que el objetivo de José Antonio Griñán, y lo ha conseguido, era convertir Andalucía en El Álamo de resistencia frente al poder cuasi omniterritorial del Partido Popular. Pero en estas circunstancias de más crisis que nunca, este baluarte le convierte en un feudo con una trascendencia aún mayor, una reserva espiritual socialista.
Los Presupuestos Generales del Estado no parecen haber calmado a los insaciables mercados esta pasada semana. A la vista está la cota que ha alcanzado la ya famosa prima de riesgo, por las nubes, y el batacazo de la Bolsa. El Gobierno ha tenido que sacarse de la manga otro recorte o ahorro –como cada uno prefiera– de 10.000 millones de euros más, pero referidos a lo que parecía intocable: sanidad y educación, aunque en este caso las que tendrán que apretarse el cinturón serán las autonomías. Y es que las dudas sobre el cumplimiento de los objetivos de déficit parecen estar en las comunidades. ¿Lo cumplirán? ¿Son el gran agujero negro?
En Andalucía, mientras tanto, se negocia un pacto entre PSOE e IU o un gobierno de coalición entre ambos. A la espera de reajustar los presupuestos, dicen que se han dado muestras de insurrección, que esta comunidad puede ir por libre, ser un verso suelto. La otra versión es que los socialistas acusan a los populares de castigar a esta región. La cuestión es si se puede gobernar de otra manera, con menos recortes, pero también con menos recursos y, precisamente, en un lugar donde el paro ofrece cifras espeluznantes.
Rajoy, descolocado con el triunfo de Griñán, afronta una situación excepcional con medidas excepcionales, pero debería realizar una comparecencia excepcional ante los ciudadanos o el Parlamento, sin rehuir a los periodistas. El panorama hubiera sido muy distinto con una sumisión autonómica, salvo Cataluña y País Vasco. La terapia parece haberla esbozado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, con eso de la devolución de competencias a la Administración Central.
¿Hay que desmantelar las autonomías o se trata de acabar con el gasto superfluo o las duplicidades? ¿El mensaje de Aguirre es para adquirir conciencia de la grave situación o se trata de que Rajoy tenga manos libres? Son muchas preguntas, pero otra más es, si hay que cambiar la Constitución, por qué no disolvemos el Senado, las provincias, o agrupamos ayuntamientos y reducimos el número de parlamentarios nacionales, autonómicos y hasta concejales. No deja de ser una ocurrencia, como la del gobierno de concentración en Andalucía, pero puestos a recortar y ahorrar, un gesto de los políticos en esta línea –y sobre todo si hubiera consenso– no vendría mal. ¿No les parece?
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