Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) conocidos este pasado viernes son dramáticos. Más de 5,6 millones de desempleados en España y Andalucía, con una tasa de paro del 33,17%, se pone a la cabeza de las comunidades autónomas. Lo malo es que las perspectivas no son nada halagüeñas sino todo lo contrario. Se da por descontado que alcanzaremos los seis millones de parados y que en 2015 seguirá habiendo más desempleo que en 2011. A eso hay que sumar que el año que viene subirá el IVA. En fin, para llorar.

Mientras tanto, a la espera esta semana de la investidura de José Antonio Griñán como presidente de la Junta de Andalucía y de la posterior designación y toma de posesión del nuevo consejo de gobierno, se da ya por descontada la vicepresidencia y consejería de Gobernación para Izquierda Unida, Diego Valderas. No voy a entrar en si habrá bicefalia o no, eso lo dirá el tiempo, la práctica y la convivencia personal y política. Se habla de dos y hasta tres consejerías, que si Agricultura, Educación o Turismo, incluso Obras Públicas… Pero hay que esperar, posiblemente hasta el próximo viernes, sobre todo para saber si IU consigue la transversalidad u horizontalidad, como prefieran, en el nuevo Ejecutivo de coalición.

Suena bien que Griñán haya dicho que habrá una «estructura menor», que se reduzcan las consejerías. Es de desear que no aumente el número de políticos o asesores. En el acuerdo entre PSOE e IU se señala que se abordará la reforma de la Ley Electoral «al objeto de mejorar la proporcionalidad en la representación parlamentaria». De acuerdo en que la norma sea más justa y no penalice a formaciones minoritarias, pero siempre y cuando no se incremente el total de parlamentarios autonómicos. No estamos para más cargos ni electos, ni por designación, cuando este país y esta Andalucía se desangra a chorros con el paro.

La ciudadanía no entiende que sus representantes, además de reducir sus ingresos, como ha ocurrido con la mayoría de empleados de empresas privadas, no mermen su número. Se trataría de que los políticos hicieran para ellos mismos algo parecido a un Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Sería la mejor forma de sintonizar con los ciudadanos, que se perciba el sacrificio, que se desmonten estructuras inútiles. Además, para la mayoría de los afectados por este imaginario ERE no supondría mayor problema que volver al puesto que tenían, ya que casi todos gozan de una excedencia que les garantiza su reincorporación a su trabajo anterior. Es decir, no habría más gasto para las arcas públicas, que pagamos todos, ni tendrían que pasar por la oficina de empleo, que no deja de suponer una humillación personal para el que lo padece y el fracaso, en alguna medida, de los que han tenido o tienen responsabilidad en la vida pública. ¿Qué les parece esta nueva ocurrencia?