Esta semana ha concluido con lo que ya parecía asumido y descontado, a pesar de que Rajoy dijera hace diez días: «España no va a necesitar ningún rescate». Es verdad que el rescate es al sistema financiero, la banca y no al país. Y que puede llamarse recapitalización o préstamo, pero es un rescate suave y blando. Al fin y al cabo hemos caído, aunque todavía podía haber sido peor.
Los resultados de esta situación hacen fundamental que se busquen las responsabilidades, sobre todo en el ámbito de las cajas de ahorro, donde se ha producido el mayor agujero, con Caja Madrid, Bancaja y las gallegas, a la cabeza. Hemos conocido esta semana que la Fiscalía Anticorrupción lleva ya un par de semanas investigando a Bankia para saber si se cometió algún tipo de delito en su constitución, con independencia de que ya algún grupo de ciudadanos, vinculados al 15M, están dispuestos a iniciar acciones judiciales para llevar al expresidente de esta entidad, Rodrigo Rato, ante los tribunales.
En un Estado democrático hay que creer que la Justicia funciona, castiga a los culpables y la impunidad no tiene carta de naturaleza alguna. También hemos sabido estos días que tanto el actual presidente de la Junta de Andalucía, Griñán, como el anterior, Chaves, acudirán a la comisión de investigación que previsiblemente aprobará el pleno de la Cámara andaluza esta semana.
Aunque las experiencias de las comisiones de investigación en nuestro país no han resultado ni positivas ni gratificantes, se trata de un mecanismo en el que se abordan las responsabilidades políticas, en un ámbito de transparencia hacia la ciudadanía.
Convendría depurar y mejorar el trabajo y el funcionamiento de estas comisiones de investigación, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Parlamento de Andalucía, al estilo de los modelos anglosajones, para que fueran un instrumento eficaz de mejora en búsqueda de esas responsabilidades políticas. A pesar de que los trabajos parlamentarios posiblemente no aporten grandes novedades, sí tendremos ocasión de escuchar las versiones de los máximos responsables políticos, así como sus respuestas a las preguntas que se les plantee. Se trata de abrir las ventanas de la acción pública.
Aplaudo que tras constituirse la comisión sobre los ERE acudan Griñán y Chaves, porque así lo señala la ley. Celebraría que los casos de Bankia y de otras cajas también fueran examinados por parte de los parlamentarios nacionales y me quedaría mucho más tranquilo si el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, acudiera al Congreso para ofrecer las explicaciones que considere oportunas sobre sus veinte viajes a Marbella, pagados con dinero público. Con independencia de que su actuación no resulte delictiva, los propios miembros del Consejo o los legisladores deberían actuar y cambiar normas, procedimientos o leyes para evitar que no se tenga que dar cuenta de esos gastos.
Acabo. ¿Se acuerdan de una carta pasada titulada ‘ERE en la política’? Magnífico que la Comunidad de Madrid se plantee reducir el número de parlamentarios, entre otras medidas de ahorro. ¿No les parece?