La comisión de investigación del Parlamento de Andalucía sobre el caso de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) finalizó su labor esta semana. Su conclusión es que no hay conclusiones. De poco o nada han servido los más de cinco meses de trabajos, aunque me da la impresión que los parlamentarios que la integraban no estaban muy dispuestos a morir en el intento, ni siquiera a representar que eran un ejemplo de dedicación y esfuerzo.
La primera investigación parlamentaria de Andalucía pasará a la historia por su fracaso y la incapacidad de los partidos en ponerse de acuerdo. Pero lo cierto es que no nos debería sorprender mucho la ausencia de estas dos cualidades por parte de quienes ejercen responsabilidades políticas. El consenso, el acuerdo, no son palabras de su vocabulario.
El Partido Popular se obcecó en decir que esta comisión era una pantomima y que no se sacaría nada en claro. No le faltaba razón, el juego de las mayorías entre PSOE e Izquierda Unida estaba muy claro. A pesar de que el tiempo le ha dado la razón, creo que los populares podían haberle sacado más jugo y rentabilidad desde el punto de vista mediático. Las comparecencias de numerosos cargos pasaron con más pena que gloria, la mayoría se escaparon vivos, sin que el PP fuera capaz de poner a alguien en un aprieto, ni lanzar mensajes contundentes que llegaran a la opinión pública. Solo las declaraciones del exinterventor general de la Junta entre 2000 y 2010 fueron reveladoras y aportaron un cierto interés.
Los socialistas, refrendados por los votos que les han permitido gobernar, tenían que tragar con la promesa electoral de sus socios de gobierno y por ello accedieron a la creación de la comisión, pero para IU era más delicado. Tenía que nadar y guardar la ropa, salvar la cara pero no partírsela a los socialistas. Complicado, pero al final a ambos parece que el apaño les ha venido bien.
Tiene razón Griñán en decir que el desenlace ha sido un «fiasco» y que «todos somos responsables». Es verdad que cuando algo es de todos no es de nadie, como lo del dinero público. Permítanme una breve y simple conclusión, que no es otra que en esta España y en esta Andalucía, siempre resulta un fracaso que los políticos busquen responsabilidades políticas. Dejemos, por tanto, este caso de los ERE en manos de la Justicia. Precisamente, uno de los pilares del Estado de Derecho que el ministro Ruiz Gallardón parece empeñado en socavar con el aumento de las tasas judiciales, al favorecer que solo aquellos que tienen recursos económicos puedan pleitear. ¿No les parece?