No creo que haga una gran revelación si les digo, amigos lectores, que lo que nos pasa en este país, entre otras muchas cosas, es falta de confianza. Envueltos en la crisis que no cesa, hemos asistido esta semana a un episodio de crispación desencadenado por el ministro Ruiz Gallardón, de quien tenía una imagen proclive al consenso. Equivocado estaba, tras contemplar el desaguisado que ha sido capaz de crear el exalcalde de Madrid, presidente de aquella comunidad autónoma y fiscal en excedencia, al poner en contra suya a todo el ámbito jurídico español.
Su intención de reformar la Justicia, con la implantación de tasas y otras medidas tan descabelladas han conseguido que jueces, incluida la asociación conservadora, fiscales, secretarios judiciales, abogados, procuradores… Todos, sin excepción, rechazan esa política, aunque nadie duda de que la Justicia haya que modernizarla, pero para ello no se puede sacar el conejo de la chistera, hacer que el acceso a ella quede restringido a quienes no dispongan de un cierto nivel económico. Flaco favor el de politizar aún más a la Justicia. Si perdemos la confianza en ella, apañados vamos.
Pero su compañero de Gabinete, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, también se ha empeñado en pasar a la historia con otra (y van no se cuántas) reforma educativa. Le asiste la razón en que el castellano sea lengua vehicular en Cataluña para aquellos padres que así lo deseen, según se recoge en la doctrina del Tribunal Constitucional, pero una ley de esa trascendencia debería contar con el suficiente respaldo del resto de fuerzas políticas, acuerdos amplios, para evitar que cada Gobierno tenga que hacer una nueva ley.
El PP dispone de mayoría absoluta y le restan tres años, en principio, para agotar su mandato. Puede permitirse casi todo. Quizá un aviso para navegantes lo pueda haber tenido este viernes en Andalucía, al conocer los resultados de la encuesta realizada por el IESA sobre intención de voto. Los populares volverían a ser segunda fuerza política en esta comunidad, con el 30,7 por 100 de los votos, mientras el PSOE llegaría al 39,2 por 100.
Curiosamente, Izquierda Unida, socia en el gobierno autonómico, logra la mayor subida y obtendría el respaldo del 16,1 por 100 de los votos. Datos para reflexionar. El primero que se me ocurre es que el PP de Andalucía, con todo el derecho para rechazar este tipo de encuestas, sobre todo tras el estrepitoso fracaso de las realizadas previamente a los comicios del pasado marzo, es posible que siga pagando los recortes y descontentos de gran parte de la ciudadanía con la política de Rajoy y, después, que no parece muy consistente la acción opositora de Juan Ignacio Zoido, sucesor de Javier Arenas. Pero lo dramático de este estudio demoscópico es que para más del 40 por 100 de los andaluces ningún partido le inspira confianza. Un mal dato. ¿No les parece?