He comentado ya en estas líneas el interés de José Antonio Griñán por ocupar un papel relevante en la política española, en su doble condición de presidente de la Junta de Andalucía, al situarle como el socialista con más poder en España, y como presidente del PSOE, un partido sumido en una delicada travesía del desierto, sobre el que se cuestiona desde su liderazgo y hasta se propone una profunda actualización y renovación ideológica.

Abierto un paréntesis que da a Pérez Rubalcaba un cierto respiro, Griñán, como secretario general de los socialistas andaluces, ha presentado este jueves en Carmona una obra titulada «Por una reforma federal del Estado autonómico». El texto no es el primero ni el definitivo. Se pretende llevar al ámbito nacional una serie de propuestas federalistas que puedan servir de muro de contención a las ansias independentistas que tiene una parte de Cataluña. No le falta razón al considerar que Andalucía es clave para cerrar el modelo territorial y que esta comunidad ni ninguna otra pueden ver menoscabados sus derechos en beneficio de otras.

Tampoco le voy a quitar la razón cuando rechaza las críticas sobre la oportunidad de realizar estas propuestas, al encontrarnos sumidos en una grave crisis, en la que lo más acuciante es acabar con el paro. Si algunos catalanes han visto que ahora es el momento para intentar sacar adelante sus tesis, habrá que ponerles freno y evitar que ganen seguidores. Y si de algo nos tiene que servir la crisis es para ser realistas, conscientes de que el despilfarro o la mala gestión nos ha llevado a situaciones insostenibles.
No voy a entrar en el fondo de las propuestas, pero sí que todos los avances en esta línea tienen que estar presididos por el consenso, en el que los partidos mayoritarios tienen muchos espacios en común frente a los minoritarios independentistas. Estupendo que el PSOE, como principal partido de la oposición, trabaje y formule iniciativas. También, que el PP culmine pronto su reforma de las administraciones públicas, necesaria e imprescindible. En ambos casos el acuerdo debe ser el elemento de encuentro y cualquier medida tiene que estar presidida por la sensatez, pero en ningún caso incrementemos gastos innecesarios. Por eso, aunque pueda parecer trivial, rechazo que se trasladen las sedes del Defensor del Pueblo o el Tribunal Constitucional fuera de la capital de España, como propone el PSOE-A. Quizá fue un error ubicarlas en Madrid, pero hacer mudanzas en tiempos de crisis…. Más gastos, no por favor. En cambio, me parece estupendo la reducción a no más de cien miembros en el Senado, cuando ahora tiene 265. Puedo aceptar federalismo, pero que sea barato. ¿No les parece?