Si planteamos la pregunta ¿cuál es el estado de la Nación?, la mayoría de las respuestas creo que estarían entre «lamentable», «desastroso» y «pésimo». Dicho eso, el debate celebrado esta semana en el Congreso de los Diputados ha copado la atención de los medios de comunicación, pero quizá con cierto distanciamiento por parte de la ciudadanía. Me atrevo a decir que con seis millones de parados ninguno de los líderes políticos debería obtener el aprobado. Poco importa que Mariano Rajoy, que podía partir como debilitado, superara a Alfredo Pérez Rubalcaba en el cara a cara. El presidente del Gobierno pronunció un discurso bien armado y supo zafarse del gran problema que acosa en estos momentos al Partido Popular, el denominado caso Bárcenas. El líder de la oposición no pudo alejarse del estigma de haber sido vicepresidente primero del último gabinete socialista, aunque exigiera su derecho a rectificar como partido. Pero tuvo además, aquella misma tarde, una nefasta colaboración espontánea por parte del Partido Socialista de Cataluña, al proponer su primer secretario, Pere Navarro, la abdicación del Rey. Todo un despropósito.
La cierta esperanza que transmitió Rajoy sobre que ya había pasado lo peor en esta crisis no fue refrendada dos días después por el vicepresidente de la Comisión Europea. La ciudadanía quiere soluciones, que haya empleo, circulen los créditos y cesen los recortes. Esperemos que la anunciada «segunda generación de reformas» destinadas a crear estímulos surta efecto.
Sobre la corrupción, comparto lo reclamado este viernes por el presidente del BBVA, Francisco González, que debe ser el primer problema a atacar. Llegamos ya bastante tarde, por lo que aplaudo la iniciativa puesta en marcha dentro del Pacto por Andalucía, la llamada Mesa de los Partidos, integrada por PP, PSOE, IU y PA, de que las formaciones políticas no acepten donativos. Para empezar no está mal, pero queda mucho camino por recorrer. ¿No les parece? Y también me alegra que la Justicia funcione a pesar de los esfuerzos del Gobierno en torpedearla. Es la única defensa que tenemos ante los desmanes que cometan los políticos. Me refiero en concreto al director gerente del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), que ha sido imputado por prevaricación en el llamado caso de los enchufes. Hace falta que se depuren todas las responsabilidades y la trasparencia tome carta de naturaleza. Y sobre Urdangarin, lo mismo, dejemos que trabaje la Justicia, con la confianza de que todos los españoles somos iguales ante ella. ¿No les parece?