La juez Mercedes Alaya, recuperada de su enfermedad y con bríos renovados, ha dado esta semana un fuerte impulso al denominado caso de los ERE en Andalucía. Desconozco si desde el punto de vista de la investigación habrá supuesto importantes avances o no, pero sin duda ha tenido un efecto mediático ante la opinión pública. Veintidós detenidos en varias provincias, entre ellos el presunto proveedor de droga del que fuera el chófer del director general de Trabajo de la Junta, Javier Guerrero, quien ingresó de nuevo en prisión; trece registros en viviendas y oficinas, además de otras nueve personas imputadas, que ya suman más de ochenta, ha sido el balance cuantitativo de la denominada ‘operación Heracles’. Cualitativamente, dos datos reveladores, la existencia de una organización perfectamente tramada y la supuesta implicación de las grandes centrales sindicales en el cobro de hasta cuatro millones de euros en comisiones. Y lo anecdótico, aunque significativo, ha sido el hallazgo de 82.000 euros bajo la cama del denominado conseguidor, el ex sindicalista Juan Lanzas, quien pudo haber ‘ganado’ hasta trece millones de euros, que la Guardia Civil ha buscado incluso con un georradar. Casi nada.

Me da la impresión que, tras casi dos años de investigaciones, la magistrada tiene ya bastante bien armada la causa. Su trabajo ha podido tener aparentes excesos, como los largos y nocturnos interrogatorios o que alguno de los detenidos esta semana fuera esposado por la mañana y de madrugada quedara en libertad sin cargos. Parece que Alaya está muy cerca de cerrar el círculo, el puzzle, en el que aparentemente solo falta la cúpula política, por encima del que fue durante diez años director general de Trabajo. Ahí están los que fueron consejeros durante los hechos, alguno ya imputado, entre ellos el actual presidente de la Junta.
La sombra de los ERE se muestra muy larga. Sin duda, José Antonio Griñán es la pieza clave, aunque entonces la máxima responsabilidad fuera de Manuel Chaves como presidente del Consejo de Gobierno andaluz. Si la jueza encuentra indicios de delito en ellos o cualquier otro aforado, debería pasar el caso al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía o al Supremo. Para ello la investigación debería demostrar que, al menos, tenían conocimiento de los delitos. Tengo la sospecha de que estamos muy cerca de saber el desenlace, pero cuantas más golferías y más trama organizada se encuentran da la sensación que se pone en una situación muy difícil al actual Ejecutivo andaluz. No me parece justo que en todo sobre los ERE se culpabilice al PSOE de Andalucía, como tampoco el caso Gürtel o Bárcenas caiga indiscriminadamente sobre el Partido Popular. La justicia tiene la palabra. ¿No les parece?