El pasado martes tuvo lugar en Granada la ceremonia de apertura del año judicial en el ámbito de nuestra comunidad autónoma. Tanto el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, como el fiscal superior, Jesús García Calderón, coincidieron sus discursos en algo, repitieron sus mensajes como años anteriores, sobre los mismos problemas, carencias o la imperiosa necesidad de reformas. En el patio de la Real Chancillería se escuchó que los jueces andaluces soportan la mayor carga de trabajo de España, con una media de más de dos mil asuntos al año por juez. ¡Qué barbaridad! Allí mismo representantes sindicales de los funcionarios intentaban exhibir como pancartas unos folios en protesta contra el ministro Ruiz Gallardón y el consejero Llera, porque «acabarán con la Justicia entera».

Fueron expulsados, pero también en el acto se dijo que los políticos son los encargados de poner solución a las deficiencias estructurales y que ellos son los que ocupan buena parte del trabajo en los juzgados. No sorprende, por tanto, que acudiera algún político prepotente imputado en procedimiento judicial, imagino incómodo por varias razones, entre otras por si se encontraba con quien puede llevarle al banquillo o dejarle fuera del proceso. En cualquier caso, los políticos no parecen demostrar demasiado cariño hacia este pilar y poder fundamental en un Estado democrático, por las consecuencias que puede tener ejercer el cargo sin cumplir la legalidad. Quizá a los políticos les interesa una Justicia débil y con escasos recursos y lo más manejable posible. Craso error. Los recortes en esta materia son tan crueles y dramáticos como lo puedan ser en educación o sanidad. También se oyeron mensajes referidos a los medios de comunicación, por la gran influencia que tienen en la sociedad, para que no banalicen ni critiquen las resoluciones judiciales al albur de ideologías o intereses.

Curiosamente, dos días después, el consejero Emilio de Llera, asistente al acto, acusó a los medios de airear excesivamente los asuntos judiciales en los que están involucrados políticos. Según él, se produce así un efecto perverso, porque existe la tentación de que en los juzgados se haga política y en la política se quiera hacer justicia. Naturalmente, lo fácil siempre es culpar al mensajero. Permítanme que transcriba una cita del fiscal superior, quien señalaba que nos hemos apartado demasiado de una gestión virtuosa y olvidado la importancia de la verdad. Decía García Calderón, con razón, que la mentira parece ser un derecho «que no sólo incumbe al imputado, sino que se extiende de manera imparable en buena parte del escenario social». Y comparto su brillante colofón al señalar que la búsqueda de la verdad es una labor imprescindible que exige mucha comprensión y mucha ayuda. Por eso, «el encuentro con la verdad debe seguir siendo el rumbo que debe afrontar nuestro futuro». ¿No les parece?