Cerramos una semana en la que hemos conocido una sentencia, la referida a la catástrofe causada por el petrolero Prestige en las costas gallegas. Después de once años de aquellos hechos y de más de ocho meses de juicio, la Audiencia Provincial de La Coruña ha absuelto a los tres acusados y no cree que tengan responsabilidad penal. El dictamen, recurrible, ha sorprendido e incluso indignado nuevamente a muchos ciudadanos, al entender que existe impunidad y que en este país no se hace Justicia. El Tribunal no ha podido determinar las verdaderas causas del naufragio y, por tanto, a sus causantes directos, aunque ahora puedan buscarse las responsabilidades civiles para encontrar quien pague los daños y el elevado coste de los trabajos de limpieza, en aquella lucha contra el chapapote.
No insistiré en las responsabilidades políticas, al encontrarnos en un país que no se caracteriza por su ejercicio en asumirlas, pero creo que nuestros dirigentes hacen poco para ganarse el apego de los ciudadanos en estos tiempos en los que sufren en sus propias carnes la crítica desmesurada y hasta la desconsideración. Si un político sale a la palestra pública, sobre todo para atacar a sus adversarios, lo debe hacer con la suficiente precisión y rigor. Es el caso de la presentación, el pasado lunes, del Partido Popular de Andalucía cuando dio a conocer el mapa de la corrupción de los «alcaldes socialistas» en esta comunidad autónoma. En él aparecían significados errores, como dio cuenta IDEAL, en un ejercicio de buen periodismo, pero mejor que reconocerlos es intentar matar al mensajero. Cada uno es dueño de sus actos y esclavo de sus palabras. En este periódico nos debemos a nuestra credibilidad con nuestros lectores.
Y este viernes nos encontrábamos con otra gran novedad en el ámbito judicial sobre los ERE falsos. La juez Mercedes Alaya da un paso trascendental al extender la investigación a todas las consejerías de la Junta. Se trata de un salto cualitativo y cuantitativo importante, un capítulo más cuando parecía cercano a su fin. Ahora es posible que esté más alejado y cobre otra dimensión.
En fin, cuestión de paciencia, pero lo que no acepto es que lo del Prestige o esto de los ERE fueran algo inevitable. Sería plegarnos a la resignación, pasividad o indolencia, cuando lo que hay que intentar siempre es aprender la lección recibida y evitar que casos como estos vuelvan a repetirse. Me refiero a quienes ejercen tareas políticas y de responsabilidad, en su tarea de elaborar leyes o establecer controles necesarios, que aprendan de los errores cometidos aunque estén exentos de culpabilidad directa. ¿No les parece?