Una fuerte conmoción hemos vivido esta semana con el aumento de presión por parte del independentismo catalán. El presidente de la Generalitat, Artur Mas, anunció la celebración de un referéndum para el 9 de noviembre del año próximo, en un claro desafío a la legalidad vigente y a nuestra Constitución, la de todos los españoles. Se trata, por tanto, de una consulta imposible que no se celebrará, como dijo con contundencia el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, mientras hemos percibido coincidencia, plena sintonía y unidad con el líder del partido mayoritario de la oposición, el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, quien acusó a Mas de estar llevando a Cataluña a un callejón sin salida.

Este problema, creado artificialmente y fomentado en aquella comunidad con fines partidistas e incluso personalistas, se ha convertido en el principal conflicto político que vive nuestro país en los últimos años. La diferenciación y las singularidades existentes entre autonomías es evidente, pero en ningún caso pueden ser motivo para romper los principios de solidaridad e igualdad que consagra la Carta Magna. No será nada fácil encauzar o solucionar el problema, pero iremos por buen camino si se mantiene el consenso sin fisuras entre los dos partidos mayoritarios para frenar los excesos nacionalistas. Es la mejor fórmula para que la olla catalana no de convierta en una bomba.

Si a los periodistas se nos llena la boca para pedir a los políticos comportamientos éticos, ejemplares y rigurosos, es de recibo que ellos reclamen lo mismo a los medios de comunicación y a quienes practicamos esta profesión. Así lo reclamó la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en la entrega de los premios Andalucía de Periodismo, que en la modalidad de prensa fue obtenido por el brillante trabajo presentado por Ángeles Peñalver, redactora de IDEAL. Lo que no es entendible es que el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, al referirse a informaciones «falsas» en relación a la Agencia Tributaria, hable de las dificultades económicas de determinados medios que van a su despacho a contárselo. ¿Se trata de una amenaza, de peticiones de posibles tratos de favor? Que tire de la manta, tan de moda ahora, o se calle. Y lo que no acabo de entender son las acciones de la jueza Alaya y la Audiencia de Sevilla sobre la (pre)imputación de Chaves y Griñán. ¿Es un paso paso para adelante y dos para atrás? Haría falta ya cierta celeridad y concluir la investigación con todos los datos. ¿No les parece?