El Rey de España se mostró claro y contundente en su reciente mensaje navideño, lleno de realismo, con una invitación a las fuerzas políticas, que sin renunciar a sus ideas, «superen sus diferencias para llegar a acuerdos que a todos beneficien y que hagan posibles las reformas necesarias para afrontar un futuro marcado por la prosperidad, la justicia y la igualdad de oportunidades para todos». Los dos partidos mayoritarios con experiencia y vocación de gobierno elogiaron las palabras de Don Juan Carlos, pero me temo que caigan en saco roto, a la vista de los escasos entendimientos y puntos de encuentro entre ambos. Afortunadamente, tanto PP como PSOE están en contra del desafío catalán de convocar el anunciado referéndum, pero creo que a la mayor parte de la ciudadanía le sabe a poco ese mínimo entendimiento.
Las acusaciones por la falta de diálogo y consenso suelen achacarse más al gobierno de turno, sea uno u otro, pero es verdad que quien ocupa el poder en un sistema como el nuestro goza de toda legitimidad y especialmente si posee una mayoría absoluta. Hace falta generosidad porque tiene todo el derecho de poner en marcha iniciativas legislativas, como el caso de la nueva ley de educación (LOMCE), aunque en una materia tan sensible y de cara al futuro parece imprescindible contar con un más alto grado de consenso. Lo mismo ocurre con la nueva ley sobre el aborto anunciada por el ministro Ruiz Gallardón. Gran parte de la ciudadanía no entiende que en cuestiones tan importantes se produzcan tantos vaivenes. Resulta penoso haber sufrido más de diez leyes de educación desde la democracia.
Es lo que tenemos, pero seamos optimistas, como se mostró Mariano Rajoy en la rueda de prensa este viernes en Moncloa, tras el consejo de ministros, para hacer balance de fin de año y pronosticar que «el que viene habrá en España menos personas en paro y más personas trabajando y cotizando a la Seguridad Social». Lo peor ha pasado, por lo menos en la subida prevista de las tarifas eléctricas.
De la entelequia de la subasta que señalaba un incremento del 11 por 100, nos quedamos con un ‘generoso’ 2,3 por 100 que ha ordenado el Gobierno tras un episodio lamentable, sobre el que también debería existir un consenso para poner fin a un sistema que no funciona y que perjudica claramente a la ciudadanía y al desarrollo de nuestras empresas, imprescindible si queremos el crecimiento. Me sumo a creer y esperar que 2014 será un año mejor. No nos queda otro remedio. ¿O sí? ¿No les parece?