Yo no me metí en política para esto, ni me reconozco en este partido», he escuchado esta semana a un destacado dirigente del PP, sobrepasado y amargado ante el aluvión de corrupción que vivimos. Es verdad que muchos políticos son tratados de manera injusta al generalizar. La mayoría son honestos, trabajadores, dedicados al servicio de sus ideas y de los demás. Pero los casos de corrupción, unidos a la crisis económica y la que padecen determinadas instituciones, la debilidad o falta de independencia de otras, como la Administración Pública o la de Justicia –demasiado sometidas al poder político– sacuden los cimientos de este país.
Hay consecuencias notables, como la irrupción sin precedentes de una fuerza política, Podemos, que se sitúa como primera en voto directo y tercera en estimación, según la encuesta del CIS difundida este miércoles.
En ocasiones hay distancia entre las encuestas y el resultado de las urnas. No siempre aciertan. Existen acontecimientos capaces de movilizar o desmovilizar al electorado, pero creo que a partir de ahora será muy importante lo que hagan, o dejen de hacer, los dos grandes partidos para recuperar a la ciudadanía.
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, dijo este lunes que su partido «ha hecho todo lo que podía hacer». Luego matizó que se refería a que carecen de instrumentos más allá de la suspensión de militancia. Les queda mucha tarea, tienen que emplearse a fondo y con rapidez.
El jueves conocíamos que Monago, presidente de Extremadura, en su época anterior de senador viajó 32 veces a Canarias en año y medio. Primero afirmó ser una víctima y que los pagó la Cámara Alta porque no eran privados. Al día siguiente reconoció errores y que devolvería el dinero. También supimos de la dimisión de un diputado del PP por Teruel por cargar viajes al Congreso. De culebrón, pero no hay nada de ilegal en ambos. Los parlamentarios tienen derecho a viajar gratis en los medios públicos y sin justificación. Sin embargo ahora no se entienden ciertos privilegios, aunque procedan de la Transición. Posiblemente si el propio Monago hubiera sabido que esos viajes trascenderían a la opinión pública, no los hubiera realizado. ¡Para eso sirve la transparencia!
La situación ha provocado reacciones un tanto justicieras con eso del «caiga quien caiga». Es posible, incluso, que existan ‘vendettas’ y el fuego amigo se convierta en el peor. Hemos oído que el que la hace la pague. Así debe ser para quien meta la mano en el cajón, no cumpla la ley o tenga un comportamiento nada ético. No puede ser de otra manera, por eso hay que reconocer el acierto del Gobierno andaluz con la reclamación de las ayudas no justificadas por UGT o al plantear la presidenta Susana Díaz que deben dejar los escaños quienes estén imputados, como puede ser el caso de Chaves o Griñán por los ERE. Ya sabemos que la imputación no equivale a culpabilidad, pero la ejemplaridad y la ética son elementos diferenciadores frente a quienes se olvidan de ello. El PP de Andalucía se subió al carro este viernes y anunció un «severo» código contra la corrupción. Perfecto. Después de las palabras hacen falta hechos. Sobre Cataluña prefiero esperar para ver hasta dónde llega este lamentable espectáculo. ¿No les parece?