El Gobierno ha abierto esta semana en internet un portal, no es el de Belén aunque ya estamos encima de la Navidad, sino el de la trasparencia. La idea no es mala, sino todo lo contrario. Pero nos pasa lo de siempre, llegamos tarde y a medias. La iniciativa de gobiernos transparentes está en marcha desde hace tiempo en muchos países democráticos. Aquí lo hacemos fustigados, obligados por la corrupción y el presunto avance de una fuerza política que dice que va a acabar con determinados comportamientos poco ejemplares que también practica.

La iniciativa no revela muchas novedades, porque a la mayoría de los datos ya se podía acceder, aunque ahora están sistematizados y bien estructurados. Nuestro parlamento autonómico aprobó en junio pasado por unanimidad -lo que hay que destacar y aplaudir- la Ley de Transparencia Pública de Andalucía que entrará en vigor un año después. La Junta ha comenzado a volcar datos y algunos ayuntamientos también. Pero hay gobiernos de corporaciones municipales que se empecinan en no facilitar información y hasta alcaldes que son imputados por ello. Allá ellos, pero quienes se empeñan en mantener algo oculto se ven rodeados de sombras de sospechas. Y lo mejor es que entre la luz, se vean los papeles y se valoren.

De otra manera no se mejora en credibilidad. Con el portal de la transparencia parece que lo único relevante ha sido poner de manifiesto -aunque también ya se sabía- que el jefe del Gobierno y los ministros ganan menos que otros cargos, como presidentes de empresas públicas (con retribuciones excesivas algunos), secretarios de estado o directores generales. Ninguno de los tres últimos presidentes (Aznar, Rodríguez Zapatero ni Rajoy) ha querido o quiere pasar por el trance de proponer una subida de sueldos. Ahora es el peor momento. Tiene mala venta entre una ciudadanía muy desafecta con la política y muy exigente con todo lo que no sean comportamientos éticos y estéticos ejemplares.

Sería aceptable que aumentaran sus retribuciones, debido al grado de responsabilidad que ejercen, si queremos que profesionales preparados ejerzan la función pública o si los comparamos con sus homólogos internacionales, pero sería un error si ello no se acompaña de otras medidas como más transparencia, depurar a todo cargo en el que exista la sombra de la corrupción, mayor democracia interna en los partidos, más rendición de cuentas, listas abiertas y que se redujera el número total de perceptores de sueldos de algunas administraciones, empresas públicas o instituciones. De lo contrario, no mejoraríamos nada y encima todo nos saldría más caro.
A nadie se le obliga a ser presidente o ministro, y no es cuestión de que a la política solo se dediquen quienes son ricos, pero sí que -además de su renta y patrimonio- sean públicos todos sus gastos y decisiones con repercusión económica, para garantizar que no se toman en función de intereses personales o partidistas, que eso ya es otro cocer sobre el que hace falta lupa y microscopio. A más transparencia menos corrupción. Así que mucha, mucha transparencia. ¿No les parece?