AL Gobierno de Mariano Rajoy no le faltan situaciones susceptibles de empeorar. Esta semana el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, se ha plantado y presentado su dimisión. El nombramiento del cargo es potestad del Ejecutivo, pero el Estatuto de la Fiscalía recoge la imparcialidad de quienes trabajan como representantes del ministerio público. Me quedo con que tanto él como todos sus inferiores jerárquicos no actúan de manera arbitraria u oportunista, sino sobre la base del cumplimiento de la ley y defensa de los derechos y libertades. Otra cosa es que sus actuaciones, como las de los jueces, gusten mucho, poco o nada al Gobierno.
La actual judicialización de la política acarrea sensaciones partidistas que conducen a una espiral sumamente peligrosa, cuando lo imprescindible es no politizar más la Justicia. Bastante lo está ya. Sabemos que sus tiempos son muy lentos, pero todavía parece que quedan por aflorar más casos de corrupción. Paciencia. Este viernes conocíamos la querella de la Fiscalía Anticorrupción contra Francisco Camps, ex presidente de la Comunidad Valenciana, por la comisión de supuestos delitos a la hora de contratar la celebración de las carreras de fórmula uno. Hace falta que en todos los casos se concluyan las instrucciones y se diriman o no las culpabilidades y paguen quienes resulten ser condenados. Pretender que la investigación esté tasada en el tiempo es un brindis al sol, si no se ofrecen medios materiales y humanos. Sería suficiente que la labor de los jueces no fuera cuestionada por el propio Gobierno mientras se hicieran todos los esfuerzos posibles en pro de la separación de poderes.
Resulta curioso que esta dimisión de Torres Dulce se sume a otras en esta etapa del Gobierno de Rajoy en el ámbito de la Justicia, la del ministro del ramo Ruiz Gallardón y la de Carlos Dívar, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. No son buenas señales. Sí parece y se recibe con cierto alborozo el que por primera vez en España esté al frente de la Fiscalía una mujer, Concepción Madrigal, quien posee un reconocido prestigio profesional. Me sumo a ello por el significado y la evidencia del poder que van alcanzando las féminas.
Esta semana otra mujer, andaluza por más señas, ha ocupado importantes espacios informativos. Susana Díaz lo ha dicho alto y claro, tiene ambición por cambiar las cosas. Es el deseo legítimo de quien se dedica a la política, pero para ello es necesario gobernar. En la oposición suele hacer frío y no estamos acostumbrados a espacios de consenso. Pedro Sánchez no lo tiene fácil, intenta alejarse de un gobierno al que tilda injustamente de franquista y no quiere ser comparsa de la ola de Podemos. Mientras el secretario general socialista está en esos juegos malabares y a veces se le rompe un plato, la primera dama andaluza se luce en su papel institucional al frente de la Junta, en busca de acuerdos con las grandes corporaciones con el fin de crear empleo, mantener recursos en materia de investigación o impulsar líneas de créditos para autónomos y pequeñas empresas. Sin duda, son dos imágenes bien distintas. Posiblemente sus proyectos y la concepción sobre la política actual también sean diferentes. Está claro que hay carrera y Susana Díaz está en ella.
Sobre lo que no acepto ni una broma es con lo del ataque a la sede madrileña del PP. La violencia no tiene justificación alguna. Para chanzas y chistes ya tenemos suficiente con un personaje esperpéntico en este país, el joven Francisco Nicolás, a quien seguramente seguiremos viendo, porque me da la sensación que sabrá rentabilizarlo. De tonto ni un pelo. ¿No les parece?