Hemos comprobado esta semana que el lenguaje político no es de fácil entendederas para la ciudadanía. Conocíamos la imputación de los dos anteriores presidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y ahora la citación por parte del Tribunal Supremo para que declaren en relación al presunto fraude de los ERE. Pero resulta que para los dirigentes socialistas nacionales y andaluces no se trata de una imputación, porque en la providencia del juez no se mencionan los delitos por los que se les imputa. Si hubiera sido así, sí dejarían el escaño. En total, que la imputación no es imputación. En materia jurídica parece claro lo que significa, pero en política hay otros criterios, especialmente cuando se trata de ‘enjuiciar’ a alguien de otro partido. No estaría mal que se pusieran de acuerdo y se situaran los límites por ley. Así, todo arreglado.

Parecido es lo de las primarias como procedimiento entre los socialistas para elegir candidatos a las elecciones. Hemos visto lo acontecido en Madrid, donde no hubo primarias porque Tomás Gómez no tuvo rival. Ahora, tras forzar su salida, lo que no ha habido es tiempo para celebrar otras primarias, por lo que la propuesta del exministro Ángel Gabilondo no ha encontrado contrincante en las asambleas locales.
No tenemos claro lo que en el lenguaje político significa imputación o primarias, pero tampoco lo que será un cara a cara en la próxima campaña electoral de las andaluzas. La televisión autonómica no tiene previsto el desarrollo de un debate entre los dos grandes aspirantes a presidir la Junta. La decisión final no está tomada, por lo que podría corregirse un grave error, como es hurtar en democracia un encuentro televisado entre los dos candidatos de los partidos mayoritarios, para ver su comportamiento y cómo explican programas y acciones de gobierno.

Tampoco la transparencia se entiende por todos igual en política, por mucho que uno sea profesor o se haya dedicado a labores de asesoramiento. No convence que Juan Carlos Monedero, dirigente y cofundador de Podemos, comparezca un mes después de que se conociera que cobró más de 400.000 euros por un informe, se despache con un mitin y diga que es víctima de una caza de brujas, mientras no es capaz de mostrar el contrato ni el estudio que elaboró.
Lo que ha quedado claro y evidente es que la deuda de Grecia habrá que pagarla. Sus nuevos gobernantes no han tenido otro remedio que pedir la prórroga del rescate y proseguir con el programa de reformas y ajustes. Todo un baño de realidad. ¿No les parece?