ste jueves quedaba inaugurada solemnemente la duodécima legislatura. Un acto que no puede celebrarse de otra manera que no sea desde el máximo respeto hacia la Cortes y los representantes de la soberanía popular. Aunque haya algunos que desdeñan esa ceremonia o la figura del Rey, la actuación de Felipe VI desde las elecciones de diciembre pasado hasta la reciente investidura con su comportamiento impecable, neutral, independiente y garante de los procedimientos constitucionales, legitima aún más a nuestra monarquía parlamentaria. Su mensaje no pudo ser más claro cuando afirmó que la crisis de gobernabilidad se había resuelto con diálogo, responsabilidad y generosidad. Ese es el camino que debería seguir este nuevo periodo legislativo y ejecutivo, pero no parece que vaya a ser así.
La fragmentación de formaciones, con la ausencia de mayorías sólidas y acuerdos estables o suficientes de gobierno es otra gran novedad. Hemos visto esta semana a un PP cercado por el resto de los partidos políticos al presentar una proposición de ley sobre la paralización de la LOMCE. La respuesta no se ha hecho esperar al entender que sin su respaldo no pueden prosperar iniciativas o cambiarse las leyes, aunque tengan el respaldo mayoritario si se producen desajustes presupuestarios. Planteará un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional para evitar que la Cámara Baja modifique aquellas aprobadas en el anterior mandato de mayoría absoluta del PP. Una cuestión de enorme calado.
También hemos asistido a un hecho sin precedentes, aunque de menor trascendencia muy significativo, el intento fallido del nombramiento de un presidente de una comisión parlamentaria después de un reparto acordado entre partidos. Nunca antes tampoco se había presentado a un ex ministro reprobado en sus funciones para tal cargo. Al final, por el veto del PSOE a Fernández Díaz se le tuvo que buscar acomodo en una comisión para la que no es necesaria una votación.
La guinda de la semana la puso la presidenta popular de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, con unas desacertadas declaraciones que dañan a Andalucía, reprobadas hasta por miembros de su propio formación. Hablar de agravios y enfrentar a comunidades autónomas es un debate que no conduce a nada. Echar gasolina al fuego encendido en Cataluña cuando el mismo PP tiene que ejercer a partir de ahora de bombero, con ayuda del resto de partidos constitucionalistas, no contribuye a esas labores de extinción para arreglar un severo problema. Ahora quedan por delante los Presupuestos, el gran instrumento para cualquier gobierno, pero deben ser aprobados en el Congreso. uestro sistema se supone que ejerce la separación de poderes entre ejecutivo y legislativo. Creo que tendremos ocasión de ver cómo se comporta cada uno. ¿No les parece?