Se lo dijo a Bárcenas: «Luis, se fuerte», porque Mariano Rajoy sabe lo que es la fortaleza. Al presidente del Gobierno no se le supone este valor, ha dado muestras de ella a lo largo de su carrera. Aguantó dos derrotas electorales y la guerra interna en su partido para desbancarle. Superó la peor crisis económica que puso España al borde del rescate, aunque todavía estemos pagando sus elevados costes, y le ha permitido renovar mandato después de una repetición de elecciones. Pero ahora se enfrenta a una situación sin precedentes en la historia democrática reciente de España, el desafío independentista catalán. Se le puede reprochar que el 9 de noviembre de 2014 permitiera aquel simulacro de referéndum con urnas de cartón, como se puede cuestionar a tantos otros dirigentes españoles, desde Felipe González, Rodríguez Zapatero o José María Aznar, por no saber solucionar lo que siempre se ha llamado el problema catalán, que ciertamente existió y existe. A la vista está que todas las políticas anteriores han fracasado ante una cerrazón que ahora quiere imponerse saltándose las leyes. Cada uno tiene su cuota de fracaso, pero los grandes culpables son quienes enarbolan un derecho que no les corresponde. No les vale pedir diálogo, cuando no han dado muestras de cesión alguna. Ahora es tarde. De aquí al 1 de octubre hay que dejar que la maquinaria del Estado defienda la Constitución y la legalidad, a través de jueces, fiscales y fuerzas de seguridad.
Llama la atención que tras la supuesta legalidad emanada del parlamento catalán para la convocatoria del referéndum que invocan los independentistas, la Policía Autonómica haya acatado –al menos por el momento– la orden de la fiscalía para investigar e impedir este acto. ¿Cómo va a ser legal cuando ni este cuerpo ni destacados funcionarios, como el secretario general del Ayuntamiento de Barcelona, avisan del riesgo –incluida responsabilidad penal– en la que incurrirán quienes participen en los preparativos y en la celebración de la consulta? O el lendakari vasco señala que la consulta no cuenta con «las debidas garantías legales».
Ada Colau, sin embargo, se ha decantado hacia el secesionismo con la suficiente habilidad para preservarse ella misma ante una posible suspensión o inhabilitación que le permita ocupar el puesto que otros dejen libre por el peso de la ley que les caerá encima. Camino de ello van Puigdemont, Junqueras y numerosos alcaldes. Que no nos sorprenda nada. Ni tampoco que los más exacerbados busquen en las calles en forma de algaradas la resonancia, amplificación e incluso sembrar el miedo para lograr sus objetivos.
Rajoy y su gobierno están dando muestras de serenidad y firmeza. Ante la negativa de Junqueras de remitir los envíos semanales sobre los gastos de la Generalitat, con el fin de evitar que sean destinados al referéndum, el Ministerio de Hacienda anunció el viernes medidas para seguir ejerciendo ese control. Acción, reacción. Es lo que hay que hacer. No toca otra cosa.
Me gustó también que este jueves la postura de la presidenta de la Junta de Andalucía sobre Cataluña fuera reconocida por el líder de la oposición, Juanma Moreno. Sin duda, el comportamiento de Susana Díaz ha sido ejemplar y deberá jugar un papel imprescindible, sin tibiezas ni componendas, ante posibles vías de solución que podrían ser bilaterales entre Madrid y Cataluña, cuando el Estado español lo forman el resto de comunidades autónomas, incluidas Andalucía. ¿No les parece?