Mariano Rajoy fracasó. Hubo referéndum, aunque fuera a todas luces ilegal y sin ningún tipo de garantías ni homologación. Hubo gente que votó hasta cuatro veces en unas urnas chinas sin transparencia, sin censo y además ganaron ante la escenografía que manejaron con habilidad manipuladora. El domingo, nos guste a no, el Estado de Derecho no se hizo lo suficientemente visible en Cataluña.
Tampoco fue agradable contemplar dos días después una huelga política, avalada y subvencionada por los poderes públicos separatistas para demostrar la fuerza que tienen en la calle, hasta el punto de llegar a hostigar y presionar a miembros de la Policía Nacional y Guardia Civil desplazados a Cataluña para que se marcharan, con unas escenas lamentables y sin precedentes
Pero ese mismo martes por la noche Felipe VI lanzó un mensaje contundente a los españoles. Primero dejó muy claro a quién corresponde la responsabilidad del triste episodio que vivimos el domingo, los dirigentes de la Generalitat que se han comportado con una «deslealtad inadmisible» y han fracturado a la sociedad catalana. Después apeló a los poderes del Estado a restaurar el orden constitucional en Cataluña. No se pueden decir más ni mejores palabras, con tanta claridad y ejemplaridad, por quien es el Jefe del Estado y símbolo de su unidad, como se expresa en nuestra Carta Magna.
Fue un «basta ya», el primer signo de sensatez que vieron millones de españoles y catalanes que no deben sentirse solos, como dijo el Rey. A partir de ahí no valen las tibiezas, ni posturas de perfil. Las grandes empresas y entidades catalanas han roto amarras, aunque tarde y forzadas por la presumible inestabilidad que les generaría un escenario separatista, fuera de Europa y víctimas del miedo que siempre tiene el dinero, cuyas consecuencias podrían ser catastróficas para sus cuentas de resultados e incluso para el empleo en aquella comunidad autónoma.
España tiene que superar este desafío con serenidad y firmeza. Los poderes del Estado deben ser ejercidos. No dudo de que la Justicia, cuya maquinaria se ha puesto en marcha, actuará con responsabilidad y sometimiento únicamente al imperio de la ley. El Constitucional ha suspendido el pleno de mañana de la cámara catalana en la que previsiblemente se iba a producir la declaración unilateral de independencia. No cabe tal pronunciamiento, cuando ni siquiera los convocantes del referéndum han cumplido sus propias normas, como la inexistencia de una junta electoral supervisora o que los llamados observadores internacionales tampoco validaran la misma consulta.
La sensatez debe extenderse por España, incluida Cataluña. Ayer lo expresaron miles de ciudadanos en diversas ciudades y hoy lo harán en Barcelona. La calle no puede ser patrimonializada solo por los que quieren saltarse las leyes. Lo que hace falta ahora es que quienes tienen el mandato de gobernar y de ejercer la oposición -sin necesidad de desvaríos, como pedir la reprobación de la vicepresidenta- hagan política en toda su dimensión. Hablar sí, pero sin imposiciones predeterminadas e ilegales. Y lo primero, preservar la convivencia e igualdad de todos los españoles. ¿No les parece?