Un gran número de catalanes, que superó las expectativas más optimistas, se echaron a las calles de Barcelona el pasado domingo para manifestarse y expresarse contra el sometimiento de los independentistas. El jueves, día de la fiesta nacional, Madrid acogió la celebración del 12 de octubre más multitudinario que se recuerda para contemplar el desfile, sólo empañado por la lamentable muerte de un piloto militar. La descabellada e ilegal postura de los separatistas ha provocado un sentimiento de patriotismo, cuyo mejor exponente son las banderas españolas colocadas en miles de balcones y ventanas. Quienes quieran verlo como un reflejo de patrioterismo, nacionalismo rancio o signo de posturas ultraderechistas se equivocan. Son la expresión del orgullo por ser español, sin exclusión de nadie, dentro de un marco legal y de convivencia pacífica.
La sesión del Parlamento catalán del pasado jueves fue un episodio más del despropósito que encabeza Puigdemont. El retraso en iniciar la sesión ya fue la evidencia de una puesta en escena sobre la que parece haber diferencias y presiones para descarrilar o, en sentido contrario, evitar un camino a todas luces inaceptable. La mediación no se produjo y menos el respaldo europeo. Su discurso, con declaración de independencia, incluida la marcha atrás al proponer su suspensión posterior y la declaración firmada por 72 diputados catalanes es otra vuelta de tuerca contra el Estado de Derecho. Afortunadamente, Partido Popular, PSOE y Ciudadanos han cerrado filas ante lo que es un intento de los secesionistas de ganar tiempo y presentarse como víctimas de la opresión, cuando ellos son los causantes y responsables de esta grave crisis. Imagino que hoy domingo Puigdemont, con la ayuda inestimable de Artur Mas, estará meditando sobre la respuesta que debe dar al requerimiento impecable del Gobierno, dispuesto a poner en marcha el artículo 155 de la Constitución, una herramienta que le permite tomar las medidas necesarias para obligar a una comunidad autónoma a que cumpla las obligaciones que marca la propia Carta Magna, las leyes y no se atente al interés general de España. Sólo si la respuesta es «no hay independencia» puede haber diálogo. Y diálogo en el Congreso de los Diputados, órgano que representa al pueblo español y en el marco de la comisión territorial que ha propuesto el PSOE, con el visto bueno del PP. En caso contrario el margen que tiene el Ejecutivo es grande para actuar, desde la sutileza a la contundencia, pero siempre deberá hacerlo de manera inteligente y eficaz, con la respuesta adecuada en cada momento.
Puigdemont, que llegó a la Generalitat envuelto en una coalición denominada ‘Junts pel sí’, aunque por ‘designación’ de la CUP tras descabalgar a Mas, posee todavía la llave para convocar elecciones autonómicas en este escenario endiablado, en el que quizá no habría que descartar que surgiera ahora un ‘Juntos por España’ con un candidato solvente y aglutinador. Pero la generosidad y la elevación de nuestros políticos no es característica abundante. Lo demostrarán, o no, ante este desafío, cuya solución no será ciertamente fácil. De manera paralela habrá que esperar las decisiones judiciales. Mañana lunes en la Audiencia Nacional pueden tomarse medidas cautelares sobre el jefe de los Mossos y dos de los ‘cerebros’ e impulsores del separatismo por sus acciones o inacciones previas al referéndum ilegal. No cabrá otra posición que respetarla. Guste o no. ¿No les parece?